La Procuraduría General de la Nación aumentó el seguimiento al contrato firmado por Air-e con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation, CMC, una operación que puede alcanzar los 2 billones de pesos y que está relacionada con la financiación de proyectos para modernizar la infraestructura eléctrica de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El Ministerio Público ya había solicitado información sobre el negocio y ahora, después de revisar el contrato, sus anexos y otros documentos, aseguró que encontró aspectos que requieren una vigilancia especial por los posibles efectos financieros y operativos que podrían tener sobre Air-e y, eventualmente, sobre la prestación del servicio de energía.

La investigación tiene carácter preventivo. Esto significa que, por ahora, la Procuraduría no ha establecido que exista una irregularidad ni ha determinado responsabilidades individuales. Lo que busca es reconstruir cómo se negoció el contrato, qué decisiones se tomaron durante el proceso y si esas decisiones generaron riesgos para la empresa intervenida.

Un contrato firmado en agosto

El acuerdo fue suscrito el 19 de agosto de 2026 por Jaime Humberto Mesa Buitrago, quien para ese momento se desempeñaba como agente especial de Air-e.

El negocio contempla la posibilidad de gestionar recursos de hasta 2 billones de pesos para proyectos relacionados con la renovación tecnológica de subestaciones, ampliación de redes de distribución y transmisión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los tres departamentos donde opera Air-e.

La operación tiene una vigencia prevista de 60 meses y contempla una tasa de financiación del 5,2 por ciento efectivo anual, además de un año de gracia contado a partir de la entrada en funcionamiento de las obras que sean financiadas.

Air-e había explicado previamente que no se trataba de un desembolso inmediato de los recursos. Los proyectos deben ser estructurados, contar con presupuestos y pasar por un comité técnico antes de que se produzcan desembolsos específicos.

La Procuraduría revisa a cinco agentes especiales

Uno de los puntos que ahora está bajo análisis es la actuación de las personas que estuvieron al frente de Air-e durante las diferentes etapas de la negociación.

La Procuraduría revisa las decisiones adoptadas por Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago.

El objetivo es establecer qué papel tuvo cada administración en la estructuración del negocio y reconstruir la trazabilidad completa hasta la firma del contrato con CMC.

Entre los nombres que aparecen en la revisión está Edwin Palma Egea, quien posteriormente ocupó el cargo de ministro de Minas y Energía durante el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la inclusión de su gestión dentro del análisis preventivo de la Procuraduría no significa que el organismo haya establecido una responsabilidad en su contra.

Qué quiere establecer el Ministerio Público

La Procuraduría está interesada en conocer las condiciones jurídicas, financieras y administrativas bajo las cuales se estructuró el acuerdo.

También busca determinar cuáles podrían ser sus efectos sobre las finanzas de Air-e, su flujo de caja y la sostenibilidad de la empresa, que permanece intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Otro punto de revisión son los proyectos que eventualmente recibirían financiación y el impacto que esas inversiones podrían tener sobre la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en el Caribe.

Desde agosto, cuando comenzó el seguimiento, la Procuraduría también había solicitado información relacionada con las autorizaciones necesarias, las garantías, las fuentes de pago y el posible impacto del negocio sobre las tarifas de los usuarios.

Un negocio que sigue bajo observación

La revisión se desarrolla dentro de la Mesa Integral de la estrategia denominada “Paz Energética”, con la que la Procuraduría busca anticiparse a situaciones que puedan terminar afectando la prestación del servicio público.

El organismo de control sostiene que la magnitud de la operación obliga a revisar con detalle cómo se tomaron las decisiones y qué consecuencias podrían tener para Air-e.

Por ahora, el contrato sigue vigente y la Procuraduría continúa recopilando información. El proceso deberá determinar si los riesgos identificados pueden ser corregidos, si existen decisiones que requieran explicaciones adicionales y, si las pruebas lo indican, si hay lugar a establecer eventuales responsabilidades.

Mientras eso ocurre, el punto central para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira es que cualquier decisión financiera de Air-e termine siendo sostenible y no afecte la continuidad ni el costo del servicio de energía.