La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para revisar un contrato por 10.000 millones de pesos suscrito por el Gobierno nacional con el fin de financiar la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro, tras su inclusión en la denominada Lista Clinton. La apertura de la investigación fue confirmada por la representante a la Cámara Katerin Miranda, quien cuestionó de manera directa el uso de recursos públicos para este propósito.

Según la congresista, el contrato despierta serias preocupaciones desde el punto de vista ético y legal, al considerar que los dineros del Estado no deberían destinarse a atender asuntos que califica como de carácter personal del mandatario. En ese sentido, afirmó que los impuestos de los ciudadanos no pueden emplearse para cubrir defensas jurídicas que no estén claramente vinculadas a la protección de los intereses generales del país.

La actuación del Ministerio Público se centra en establecer si existieron posibles irregularidades en la planeación y celebración del contrato firmado el 9 de enero de 2026 entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la firma Amadeus Consultancy Limited. El acuerdo, identificado de manera preliminar como el contrato 001 de 2026, contempla la prestación de servicios de asesoría especializada en defensa jurídica internacional, con un plazo de ejecución hasta el 30 de abril del mismo año.

Dentro del alcance del contrato se incluyen análisis normativos, evaluaciones de riesgo institucional y recomendaciones estratégicas frente a escenarios internacionales. No obstante, la denuncia presentada advierte que el documento carecería de elementos clave para justificar su alto costo y su necesidad urgente, así como de mecanismos claros para medir resultados concretos.

Entre los aspectos que la Procuraduría evaluará se encuentran la posible existencia de un detrimento patrimonial, eventuales vulneraciones a los principios que rigen la contratación pública, la utilización de recursos estatales para atender intereses particulares, la ausencia de indicadores verificables de impacto, la falta de justificación técnica sobre la urgencia del servicio y la no exigencia de garantías de cumplimiento pese al elevado valor del contrato.

La indagación previa tendrá una duración inicial de seis meses y su objetivo será determinar si existen méritos para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal e identificar a los eventuales responsables, de conformidad con lo establecido en la Ley 2094 de 2021. Mientras tanto, el caso abre un nuevo frente de debate sobre los límites en el uso de recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal.