La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, negó la recusación presentada en su contra por la Red de Veedurías Ciudadanas, la cual solicitaba que se apartara del caso que investiga la red de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La acción legal alegaba dudas sobre su elección como titular del ente acusador y señalaba supuestos intereses indebidos en relación con la negativa a conceder un principio de oportunidad a la exconsejera Sandra Ortiz.

En un documento oficial, Camargo explicó que no existe fundamento jurídico para declararse impedida, ya que no tiene injerencia directa ni participa en las decisiones investigativas de ese proceso. “No es la suscrita Fiscal General la que dirige la investigación: ella se asignó a los Fiscales 9 y 11 Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y a la fiscal 79 Especializada adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción”, indicó.

Asimismo, precisó que dichas fiscales ya conocían el caso antes de su designación como fiscal general y que actualmente actúan con plena independencia y autonomía en el desarrollo de sus funciones, conforme a lo establecido por la ley.

La recusación también señalaba que la decisión de no avanzar con el principio de oportunidad para Sandra Ortiz evidenciaría una supuesta falta de imparcialidad. Frente a ello, Camargo reiteró que esa determinación fue tomada en el marco de la autonomía fiscal y dentro de los parámetros legales establecidos para este tipo de beneficios judiciales.

El caso UNGRD ha sacudido la opinión pública por el alcance de las irregularidades que salpican a exfuncionarios y contratistas, y en medio del avance de las investigaciones, la Fiscalía ha insistido en garantizar transparencia, celeridad y resultados efectivos.

La fiscal general concluyó que continuará ejerciendo sus funciones con apego a la Constitución, defendiendo la independencia del ente acusador y respetando la autonomía de los fiscales que llevan a cabo este proceso de alto perfil.