La Procuraduría General de la Nación abrió juicio disciplinario contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y varios exintegrantes del Gobierno nacional por presuntas irregularidades en la puesta en marcha del nuevo sistema de atención en salud para los docentes del país. La decisión también involucra a exministros y a directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y representantes del sindicato Fecode.

Junto al actual jefe de la cartera de Salud, el órgano de control formuló cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, la exministra de Educación Aurora Vergara, así como contra miembros de la junta directiva del FOMAG y delegados de Fecode, por su presunta responsabilidad en las fallas estructurales del proceso.

De acuerdo con el expediente, que consta de 87 páginas, la investigación se centra en las deficiencias detectadas durante la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la aprobación tardía del manual de contratación, realizada apenas dos días antes de la entrada en vigencia del sistema, lo que habría afectado la planeación y ejecución del servicio.

El Ministerio Público también señaló presuntas irregularidades en la contratación de las Instituciones Prestadoras de Salud, la ausencia de una negociación previa de tarifas y la autorización de la prestación de servicios médicos y entrega de medicamentos sin los procedimientos formales establecidos. Estas situaciones, según la Procuraduría, habrían generado riesgos para la atención oportuna y adecuada de los afiliados al sistema.

El juicio disciplinario busca establecer si las decisiones adoptadas por los funcionarios y exfuncionarios comprometidos vulneraron principios de planeación, responsabilidad y eficiencia en la administración de los recursos destinados a la salud del Magisterio.

En contraste, la Procuraduría decidió archivar el proceso contra el exsuperintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal. Según el organismo de control, no se encontró mérito para considerar que hubiera incumplido sus deberes funcionales, ya que las pruebas recopiladas evidencian que sí se adelantaron acciones de vigilancia y control antes y durante la implementación del nuevo modelo.

Con esta decisión, el ente de control avanza en el esclarecimiento de las responsabilidades disciplinarias alrededor de uno de los cambios más polémicos en el sistema de salud de los maestros, un tema que ha generado amplias críticas y preocupación entre docentes y organizaciones sindicales en todo el país.