La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Rafael Castillo Pacheco, actual rector encargado de la Universidad del Atlántico, con el fin de establecer si estaba legalmente habilitado para asumir y ejercer el cargo, pese a una sanción de suspensión que le fue impuesta meses atrás por el mismo ente de control.

De acuerdo con la Procuraduría Regional del Atlántico, la indagación se centra en una sanción disciplinaria de cuatro meses, proferida en febrero de 2025 y registrada en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) el 11 de marzo de ese mismo año. El organismo busca determinar si dicha sanción fue efectivamente cumplida o si, por el contrario, se encuentra pendiente de ejecución.

La controversia se intensifica luego de que la propia Universidad del Atlántico informara, en diciembre, que la sanción disciplinaria no había sido ejecutada, sin precisar fechas de inicio ni de finalización del periodo de suspensión. Esta falta de claridad abrió dudas sobre la situación jurídica del funcionario al momento de su designación.

Pese a este escenario, el Ministerio de Educación Nacional nombró formalmente a Castillo Pacheco como rector en diciembre de 2025, mediante resolución oficial. Desde entonces, ha venido ejerciendo plenamente sus funciones, incluyendo la firma de actos administrativos, la ordenación del gasto y la representación legal de la institución.

Para la Procuraduría, el hecho de que una sanción de suspensión no se haya cumplido podría implicar que la inhabilidad para ejercer cargos públicos se mantenga vigente. En ese sentido, el ente de control pretende establecer si existió una falta disciplinaria por parte del funcionario o si su actuación se enmarca dentro de alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Medidas adoptadas por el ente de control

Como parte de las actuaciones iniciales, la Procuraduría ordenó la apertura formal de la investigación disciplinaria y solicitó a la Universidad del Atlántico la remisión de documentos que permitan verificar si se realizaron descuentos salariales o pagos relacionados con la sanción impuesta. Asimismo, requirió información sobre la notificación del fallo disciplinario y las gestiones adelantadas para su cumplimiento.

Adicionalmente, fue ordenada una inspección disciplinaria en la Universidad del Atlántico con el propósito de revisar de manera detallada qué ocurrió con la ejecución de la sanción y establecer posibles responsabilidades administrativas.

Con esta actuación, la Procuraduría busca esclarecer los hechos y garantizar el respeto por el régimen disciplinario, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa la legalidad de los nombramientos en cargos directivos del sector público y la correcta aplicación de las sanciones impuestas por los organismos de control.