El procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció sobre la alerta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionada con la falta de recursos para implementar las dos primeras sanciones restaurativas emitidas en los casos de secuestros y falsos positivos. El jefe del Ministerio Público advirtió que decisiones de esta magnitud deben estar respaldadas previamente con la planeación financiera necesaria.

La JEP, a través de su presidente, magistrado Alejandro Ramelli, envió una carta a varias entidades del Gobierno solicitando garantizar los recursos para poder ejecutar las sanciones, que incluyen proyectos de reparación y restauración para las víctimas. Según la jurisdicción, se requieren 121.858 millones de pesos, pero actualmente solo hay disponibles 20.000 millones.

El procurador Eljach sostuvo que la Procuraduría Delegada ante la JEP había advertido con anticipación que no existían proyectos ni presupuesto definidos, por lo que considera que la situación pudo haberse prevenido. “Hubiera sido preferible que se prepararan desde antes, como lo solicitó la Procuraduría. Ojalá los recursos se provean pronto”, afirmó.

En el mismo escenario, Eljach se refirió a la intención del Gobierno Nacional de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y cuestionó su pertinencia en el contexto actual. “No creo que existan mayorías en Senado y Cámara para un asunto que no es urgente para el país. Estrategicamente podría ser conveniente, pero en este momento no lo necesitamos”, puntualizó.

Con estas declaraciones, el procurador puso sobre la mesa dos temas de gran impacto en la agenda política y judicial: la sostenibilidad financiera de las sanciones restaurativas de la JEP y la viabilidad política de una eventual Constituyente. Ambos asuntos se perfilan como puntos de debate en el país en los próximos meses.