Un amplio despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares permitió la liberación de 71 personas que habían sido secuestradas tras la toma violenta de una mina de esmeraldas en el municipio de Maripí, Boyacá. El operativo, desarrollado en la noche del viernes y la madrugada del sábado, concluyó con la captura de ocho presuntos responsables y la incautación de armas y material de uso ilícito.

De acuerdo con la información oficial, un grupo armado ingresó de manera irregular a la bocamina conocida como Cunas, en zona rural del occidente de Boyacá, donde retuvo contra su voluntad a trabajadores de la empresa Esmeraldas Santa Rosa y a personal de seguridad privada. Los hechos se registraron en horas de la tarde, cuando hombres fuertemente armados y con el rostro cubierto irrumpieron en las instalaciones, generando pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Durante varias horas, las víctimas permanecieron retenidas en el interior de la mina. La liberación de dos personas en la noche permitió que las autoridades fueran alertadas de la situación y activaran de inmediato un operativo de gran escala. Al lugar llegaron unidades de la Policía de Boyacá, la Sijin, la Sipol, el Gaula, el Goes y efectivos de las Fuerzas Militares, quienes rodearon la zona y adelantaron labores de inteligencia y control.

El momento decisivo se produjo hacia las 3:20 de la madrugada del sábado, cuando se logró la liberación total de los 71 trabajadores, quienes salieron ilesos y fueron puestos a salvo. Las autoridades confirmaron que no se registraron lesiones físicas entre las víctimas, aunque sí se reportaron daños en el sistema de videovigilancia de la mina, tras la destrucción deliberada de la fibra óptica.

En el desarrollo del operativo se evidenció el hurto de armas pertenecientes al personal de seguridad privada y se logró la incautación de varias armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y herramientas utilizadas durante la incursión. Asimismo, fueron capturadas ocho personas, entre ellas cuatro trabajadores de la misma empresa minera, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las responsabilidades y los móviles de este hecho que generó alarma en el sector minero del departamento. Entre tanto, la Policía Nacional reiteró su compromiso de garantizar la seguridad en las zonas rurales y de proteger la vida y la libertad de los trabajadores en todo el territorio nacional.