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Once congresistas asumirán sus curules por menos de tres semanas y recibirán más de 34 millones de pesos

Once nuevos congresistas tomaron posesión de sus cargos en el Congreso de la República cuando el actual periodo legislativo ya terminó y no existen sesiones ordinarias ni extraordinarias convocadas, una situación que ha generado un intenso debate en la opinión pública debido a que ejercerán funciones por un corto tiempo, pero recibirán la remuneración correspondiente a los días restantes del periodo constitucional que finaliza el próximo 20 de julio de 2026.

Los nuevos legisladores llegaron para reemplazar a congresistas que renunciaron antes de concluir el cuatrienio 2022-2026. Entre quienes asumieron las curules se encuentran César Lorduy, Arley Gómez, Sol María Liñán Pana, Rodrigo Ardila Vargas, Eduardo Andrés Zúñiga, Reinaldo Velásquez, Shirley Nohemí Hernández, Jhon Fredy Pimentel y Liza Marie Barrientos Gómez, además de otros reemplazos autorizados por las respectivas mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

Aunque el Congreso permanece en receso legislativo y no hay proyectos de ley ni debates pendientes antes de la instalación del nuevo Legislativo, prevista para el 20 de julio, los congresistas posesionados recibirán la remuneración correspondiente al tiempo restante de su vinculación. De acuerdo con la asignación vigente para el Congreso saliente, el salario mensual alcanza los 51.512.447 pesos, por lo que, al liquidarse proporcionalmente los cerca de 20 días restantes del periodo constitucional, cada uno obtendría un pago superior a 34 millones de pesos. Además, durante ese tiempo continuarán contando con los recursos destinados al funcionamiento de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), conforme a la normativa vigente.

La situación ha despertado críticas desde distintos sectores políticos y ciudadanos, que consideran cuestionable la posesión de congresistas cuando no existe actividad legislativa programada. Sin embargo, expertos recuerdan que el procedimiento está contemplado en la legislación colombiana y responde a la obligación de suplir las vacantes definitivas que se presentan antes de finalizar el periodo constitucional, garantizando la conformación plena del Congreso hasta el último día de su mandato.

Este caso ocurre, además, pocas semanas antes de que entre en funciones el nuevo Congreso elegido para el periodo 2026-2030, cuyos integrantes se posesionarán el 20 de julio con un nuevo régimen salarial, luego de que el Gobierno nacional eliminara la prima especial de servicios para los legisladores entrantes, reduciendo su remuneración mensual frente a la que recibe el Congreso saliente.