Miles de familias que viven en conjuntos residenciales en Colombia comenzarán a sentir un alivio en el pago de las cuotas de administración gracias a una nueva reglamentación que modifica la forma en que se distribuyen algunos costos relacionados con el servicio de vigilancia privada. La medida, que entra en vigor durante 2026, busca hacer más equitativo el cobro de este servicio y evitar que residentes asuman gastos que no les corresponden.

La nueva disposición establece que los costos derivados de equipos, herramientas y otros elementos necesarios para la prestación del servicio de vigilancia no podrán trasladarse de manera indiscriminada a los propietarios o inquilinos, ya que deberán ser asumidos por las empresas de seguridad privada como parte de sus obligaciones contractuales. La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad encargada de regular el sector en Colombia.

Con esta actualización normativa, las compañías de vigilancia deberán garantizar que los vigilantes cuenten con todos los implementos requeridos para desarrollar su labor, incluyendo dotaciones, equipos tecnológicos y demás herramientas operativas, sin que esos gastos sean incluidos posteriormente en las facturas que pagan las copropiedades.

La medida responde a múltiples quejas presentadas por administradores, consejos de administración y residentes de edificios y conjuntos residenciales, quienes denunciaban que algunos contratos incluían cobros adicionales por conceptos que legalmente debían ser cubiertos por las empresas prestadoras del servicio.

Expertos en propiedad horizontal señalan que esta decisión permitirá una mayor transparencia en la contratación de empresas de vigilancia, facilitará la revisión de los contratos vigentes y contribuirá a que las copropiedades optimicen el uso de sus recursos, evitando incrementos injustificados en las cuotas de administración.

Aunque la norma no elimina el pago del servicio de vigilancia, sí establece límites claros sobre qué conceptos pueden ser facturados a las copropiedades, fortaleciendo la protección de propietarios e inquilinos frente a posibles sobrecostos y promoviendo una relación contractual más equilibrada entre las administraciones y las empresas de seguridad privada.