El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció públicamente que él y su núcleo familiar habrían sido víctimas de espionaje ilegal mediante el software Pegasus, un sistema de vigilancia de alta sofisticación utilizado para interceptar comunicaciones y extraer información privada. De acuerdo con el funcionario, los hechos se habrían presentado durante el año 2025 y estarían relacionados con seguimientos ordenados desde instancias estatales vinculadas al sector defensa.

Según explicó Idárraga, un informe forense independiente confirmó que su teléfono celular fue intervenido de manera ilegal y que la infiltración habría sido ejecutada utilizando recursos de contrainteligencia del Estado. El ministro señaló directamente al Ministerio de Defensa como el origen de estas acciones, cartera que durante parte del periodo señalado estuvo bajo la dirección de Iván Velásquez y posteriormente del general Pedro Sánchez Suárez.

El jefe encargado de la cartera de Justicia sostuvo que el presunto espionaje estaría relacionado con las investigaciones que adelantaba sobre posibles hechos de corrupción al interior de las Fuerzas Militares. Según su relato, entre agosto y noviembre de 2025 se habrían extraído cerca de 2,3 gigabytes de información de su dispositivo móvil, incluyendo comunicaciones sensibles, denuncias y contactos de fuentes reservadas.

Idárraga afirmó que durante ese periodo se registraron más de 8.700 accesos no autorizados a su teléfono y que, en al menos 124 ocasiones, se activaron de forma ilegal la cámara y el micrófono del aparato. A su juicio, estas acciones tendrían como propósito la recolección de información para estructurar una campaña de desprestigio en su contra, debido a los procesos de investigación que venía liderando.

El ministro indicó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que se trata de una grave vulneración a los derechos fundamentales y a las garantías de quienes denuncian hechos de corrupción. En ese sentido, aseguró que el uso de herramientas de espionaje contra funcionarios públicos socava la democracia y debilita la institucionalidad.

Tras conocerse la denuncia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su solidaridad con Idárraga y su familia. Benedetti señaló que él mismo ha manifestado en el pasado haber sido víctima de interceptaciones ilegales y advirtió sobre el impacto personal y político que generan este tipo de prácticas, las cuales calificó como cobardes y reprochables.

La denuncia del ministro de Justicia encargado reabre el debate nacional sobre el uso de herramientas de inteligencia en Colombia, los límites legales de la contrainteligencia estatal y las garantías de protección para funcionarios y ciudadanos que adelantan investigaciones sensibles relacionadas con la corrupción y el uso indebido del poder.