El Ministerio de Defensa entregó a la Procuraduría General de la Nación un informe en el que expone graves irregularidades en la ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi17 con la empresa estadounidense Vertol Systems Company. El documento, de 46 páginas, revela que se adelantó un pago de 16 millones de dólares —equivalente al 50% del contrato— sin que exista claridad sobre el destino de esos recursos ni avances significativos en las obras contratadas.

Según la información suministrada por la cartera, después de diez meses de haberse firmado el contrato, solo se registra un avance del 8%. A esto se suma que las 3.500 piezas nuevas de repuestos, que debían ser entregadas como parte del acuerdo, aún no han sido recibidas por el Ministerio.

El informe también señala que no aparecen las actas de las reuniones que se habrían realizado entre el exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez, y representantes de la compañía contratista, las cuales eran fundamentales para el seguimiento del proyecto. “La Dirección de Contratación Estatal no fue la dependencia que adelantó las reuniones o visitas objeto de análisis, razón por la cual no reposan en esta Dirección las actas de desarrollo correspondientes”, precisa el documento.

Además, el Ministerio indicó que desde el inicio de la ejecución se ha solicitado a la empresa contratista la entrega de un cronograma detallado de actividades, requisito indispensable para evaluar el avance del proyecto. Sin embargo, Vertol Systems Company no ha cumplido con esta obligación, lo que ha impedido establecer los tiempos requeridos y realizar un control adecuado de la ejecución.

“Es importante señalar que no fue posible establecer los tiempos requeridos para el cumplimiento de cada actividad que permita garantizar el desarrollo de los anexos, debido a la ausencia del cronograma por parte del contratista”, se lee en el informe.

Ante estas inconsistencias, el Ministerio de Defensa ha pedido a los órganos de control investigar el uso de los recursos y el cumplimiento del contrato, con el fin de determinar responsabilidades administrativas o disciplinarias. Las autoridades buscan esclarecer por qué, pese al millonario pago anticipado, el proyecto presenta un retraso significativo y falta de documentación esencial para su supervisión.