El Ministerio del Interior volvió a prender las alarmas frente al limbo jurídico en el que permanece la reforma pensional aprobada por el Congreso. El jefe de la cartera, Armando Benedetti Villaneda, pidió a la Corte Constitucional un pronunciamiento inmediato que permita destrabar la entrada en vigencia de la iniciativa, clave —según el Gobierno— para garantizar un bono pensional digno a más de tres millones de adultos mayores en el país.

Benedetti calificó como “inaudito y antidemocrático” que, pese a haber sido aprobada en dos legislaturas, la reforma siga sin implementarse. Señaló directamente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a quien acusó de imponer trabas por “motivos personales” contra el presidente Gustavo Petro, afectando así el avance de un proyecto que —dice el Gobierno— cuenta con amplio respaldo legislativo.

“El Congreso ya demostró su voluntad en dos ocasiones y aun así la reforma no ha podido entrar en vigencia. Seguiremos insistiendo por las vías institucionales para que el país tenga un sistema pensional más justo”, expresó Benedetti, quien recordó que este escenario también ha sido expuesto ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, sin mayores resultados.

La reforma incluye la creación de un Pilar Solidario destinado a brindar un ingreso garantizado a más de tres millones de personas que no lograron pensionarse. También contempla beneficios como el reconocimiento de 50 semanas adicionales para mujeres con hasta tres hijos, medida que busca cerrar brechas históricas y mejorar la equidad en el acceso a la pensión.

Mientras tanto, el proyecto cursa en la Corte Constitucional una revisión de fondo que definirá si puede o no ponerse en marcha. El Gobierno insiste en su urgencia, argumentando que miles de colombianos esperan que el nuevo modelo entre a operar para aliviar sus condiciones de vida.