En medio de un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), Arnulfo Trujillo, advirtió que los productores de maíz están cerca de ir a paro por la falta de condiciones para comercializar sus cosechas.

Según Trujillo, los bajos precios del grano en el mercado nacional, la ausencia de infraestructura de almacenamiento, el mal estado de las vías y la poca efectividad de los seguros agrícolas tienen a los cultivadores al borde de perder toneladas de producto, mientras el maíz importado mantiene su dominio en el país.

El dirigente gremial pidió al Gobierno pasar “de la retórica a la acción” y propuso la creación de un acuerdo tripartita entre industria, productores y Estado, con el fin de garantizar precios justos, incentivar la compra del maíz nacional y fortalecer la soberanía alimentaria. “Necesitamos una ley fuerte que respalde al sector productivo, con vías, seguridad jurídica, infraestructura y precios de estabilización”, señaló.

Actualmente, Colombia produce solo el 15 % del maíz que consume y depende en un 85 % de las importaciones, principalmente de Estados Unidos. Fenalce asegura que la producción nacional viene en decrecimiento, mientras la demanda interna sigue aumentando.

Durante el debate, otros actores coincidieron en que la crisis del agro no es nueva y que la falta de soluciones estructurales ha golpeado al campo por décadas. El senador Miguel Barreto expresó su preocupación por la reducción del presupuesto del Ministerio de Agricultura en un 24 % y el aumento del contrabando, lo que dificulta la competitividad del sector.

Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, reconoció que los problemas estructurales del campo persisten desde hace más de 60 años, pero destacó que el actual gobierno ha invertido 18 billones de pesos en sus primeros tres años. La funcionaria respaldó la propuesta de Fenalce de un acuerdo tripartita y anunció proyectos específicos para apoyar a los maiceros, especialmente en la región Caribe.

Con este panorama, el futuro de la producción nacional de maíz se mantiene en tensión, mientras productores, Congreso y Gobierno buscan salidas que eviten la pérdida de cosechas y garanticen la seguridad alimentaria del país.