La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, volvió a pedirle al Congreso que revise el recorte de 170.000 millones de pesos planteado para su presupuesto de 2027. La entidad advierte que la reducción tendría consecuencias directas sobre las víctimas del conflicto armado y sobre los comparecientes que actualmente hacen parte de sus procesos.
La solicitud se conoce mientras avanza en el Congreso el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. En el primer debate de las comisiones económicas de Senado y Cámara fue aprobada una reducción de 170.000 millones de pesos frente a los 821.803 millones que el Gobierno había incluido inicialmente para la JEP.
Si el recorte se mantiene durante los siguientes debates, la entidad tendría para 2027 un presupuesto de 651.803 millones de pesos. Esa cifra representa 129.667 millones menos frente al presupuesto vigente de 2026, equivalente a una reducción del 16,6 por ciento.
La mayor reducción estaría en inversión
De los 170.000 millones de pesos que se retirarían, 140.000 millones corresponden a inversión y otros 30.000 millones a gastos de funcionamiento.
La JEP explica que el presupuesto de inversión pasaría de 174.119 millones de pesos a solamente 34.119 millones. Para la Jurisdicción, ese cambio tendría un efecto importante porque buena parte de sus actividades judiciales se desarrollan directamente en los territorios donde ocurrieron los hechos investigados.
Entre las actividades que podrían verse limitadas están las audiencias y diligencias judiciales en las regiones, el acompañamiento a las víctimas, la representación jurídica y algunas labores relacionadas con la protección de quienes participan en los procesos.
La entidad también advierte que tendría dificultades para mantener la producción, transmisión y archivo de las actuaciones judiciales, una tarea relacionada con la publicidad de los procesos de justicia transicional.
Alejandro Ramelli insiste en el impacto sobre las víctimas
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, ya había cuestionado el recorte y pidió al Gobierno y al Congreso revisar sus efectos.
Ramelli reconoció que el país atraviesa una situación fiscal complicada, pero sostuvo que una reducción de este tamaño puede dejar a la Jurisdicción sin capacidad suficiente para cumplir varias de sus funciones.
El magistrado también pidió que la discusión no se concentre únicamente en cuánto dinero recibe la entidad, sino en lo que puede ocurrir con las víctimas y los comparecientes que esperan decisiones dentro de los procesos.
En una intervención realizada en septiembre, Ramelli afirmó que con el recorte aprobado en las comisiones económicas la JEP quedaría prácticamente sin capacidad operativa y pidió abrir un espacio de diálogo antes de que las plenarias tomen una decisión definitiva.
Más de 16.000 víctimas individuales están acreditadas
La preocupación de la JEP está relacionada con el momento que atraviesan sus procesos judiciales.
Actualmente, según cifras divulgadas por la propia Jurisdicción, están acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, estos últimos correspondientes a un estimado de 634.804 personas.
La JEP tiene además 11 macrocasos relacionados con diferentes hechos y patrones de violencia ocurridos durante el conflicto armado.
La entidad sostiene que está entrando en una etapa decisiva, con investigaciones que avanzan hacia su cierre y procesos que deben continuar hasta completar las diferentes fases judiciales.
La JEP promete más austeridad
Ante las críticas relacionadas con el manejo de sus recursos, la Jurisdicción aseguró que está dispuesta a adoptar nuevas medidas de austeridad.
La entidad anunció que elaborará un nuevo plan con metas más exigentes para reducir costos y tiempos de operación, pero dejó claro que esas medidas no pueden comprometer las garantías básicas de participación de las víctimas ni el debido proceso de los comparecientes.
La discusión ocurre además en medio de cuestionamientos políticos sobre el funcionamiento y el costo de la JEP. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha defendido la necesidad de revisar el gasto público y priorizar los recursos en medio de las restricciones fiscales que enfrenta el país.
El Congreso tendrá la última palabra
Por ahora, los 170.000 millones de pesos de reducción corresponden a una decisión adoptada en el primer debate del presupuesto y todavía falta que el proyecto avance en las plenarias de Senado y Cámara.
La JEP espera que durante ese trámite se revise nuevamente la asignación y se mantengan los 821.803 millones de pesos contemplados inicialmente por el Gobierno para la vigencia de 2027.
El debate ya no se limita a una discusión sobre cifras. Para la Jurisdicción, está en juego la posibilidad de continuar realizando audiencias en los territorios, acompañar a las víctimas y garantizar la participación de los comparecientes en una etapa clave de la justicia transicional en Colombia.
La decisión final quedará en manos del Congreso, que deberá definir si mantiene el recorte de 170.000 millones o modifica nuevamente la asignación para la JEP dentro del Presupuesto General de la Nación de 2027.
