La extorsión continúa siendo una de las principales preocupaciones para los tenderos y pequeños comerciantes de Barranquilla y municipios como Soledad y Galapa. Detrás de las cifras oficiales hay negocios que todos los días tienen que abrir sus puertas con el temor de recibir una llamada, un mensaje, un panfleto o una amenaza para exigirles dinero.
Un video que circula en redes sociales vuelve a mostrar una de esas situaciones. En las imágenes se observa a una joven tendera enfrentando un momento de tensión dentro de su negocio ante una situación relacionada con un presunto cobro extorsivo. Su reacción ha llamado la atención de quienes han visto la grabación, aunque el video por sí solo no permite establecer quiénes estarían detrás de la intimidación ni confirmar todos los detalles del caso.
Lo que sí está documentado es que la extorsión sigue afectando al comercio de barrio en el Atlántico.
Los tenderos siguen bajo presión
En septiembre, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó 330 capturas por extorsión y delitos relacionados durante 2026 en Barranquilla y su área metropolitana. De ese número, 323 personas recibieron medida de aseguramiento intramural, según las autoridades.
La institución también informó que los operativos permitieron evitar el pago de más de 3.000 millones de pesos que, de acuerdo con las investigaciones, pretendían llegar a estructuras criminales mediante cobros extorsivos.
El problema no se limita a un sector específico. Comerciantes de diferentes barrios han denunciado amenazas mediante llamadas, mensajes, panfletos y, en algunos casos, ataques contra los establecimientos cuando las víctimas se niegan a pagar.
En septiembre, por ejemplo, cinco hombres fueron capturados en Barranquilla durante operativos del Gaula. Según la Policía, estarían relacionados con intimidaciones a comerciantes de sectores como El Bosque, Las Malvinas, La Sierrita, Los Laureles y Barranquillita. En esos procedimientos fueron incautadas armas de fuego, teléfonos celulares, motocicletas y dinero en efectivo.
El temor también se ha sentido en Soledad
La situación llegó a un punto crítico en julio, cuando varios establecimientos de Barranquilla y Soledad amanecieron cerrados después de que circularan panfletos en los que supuestamente se ordenaba suspender las actividades comerciales.
La Policía aclaró entonces que ningún gremio había convocado un cierre y que el Gaula estaba investigando el origen de los mensajes.
Para los comerciantes, el problema no termina cuando llega el cobro. También están las consecuencias sobre las ventas, los horarios de atención y la tranquilidad de quienes trabajan detrás del mostrador.
Orlando Jiménez, presidente ejecutivo de Undeco Atlántico, ha advertido que los tenderos enfrentan al mismo tiempo extorsiones, altos costos de energía, impuestos, inflación, caída en las ventas y una competencia cada vez más fuerte de las grandes cadenas de descuento.
¿La extorsión termina afectando al consumidor?
Es una de las preguntas que queda sobre la mesa.
Un comerciante que recibe cobros extorsivos tiene que asumir un costo que no estaba dentro de su negocio. Y en un escenario donde los márgenes de ganancia ya son reducidos, cualquier gasto adicional puede terminar afectando sus precios, sus inversiones o incluso la decisión de mantener abierto el establecimiento.
Pero no se puede afirmar que un determinado aumento de precios sea consecuencia directa de la extorsión sin conocer las cuentas de cada negocio. Los tenderos también enfrentan otros factores como el costo de los productos, transporte, energía, impuestos y disminución de las ventas.
Lo que sí está claro es que la presión criminal se suma a una lista de problemas que ya golpea a las tiendas de barrio.
Las autoridades mantienen ofensiva contra la extorsión
La Policía anunció en septiembre el Plan Zona Segura, una estrategia que concentra al Gaula, la Sijín, inteligencia, vigilancia y unidades de reacción en sectores comerciales y zonas priorizadas de Barranquilla y su área metropolitana.
La institución asegura que la estrategia busca identificar a los responsables, acompañar a las víctimas y evitar que las estructuras criminales sigan utilizando amenazas para obtener dinero de comerciantes y ciudadanos.
El llamado de las autoridades es a no pagar y denunciar de inmediato. Para estos casos está habilitada la línea 165 del Gaula de la Policía y la línea 123.
Mientras tanto, imágenes como las que circulan en redes muestran una parte de un problema que los comerciantes conocen de cerca. Para quien está detrás de una tienda, una panadería o un pequeño negocio, abrir todos los días no significa solamente vender. También significa enfrentar una presión que puede aparecer en cualquier momento.
La discusión, entonces, no debería quedarse únicamente en si las cifras del delito subieron o bajaron. También está la pregunta de cómo viven los comerciantes esa realidad y qué tan seguros se sienten cuando levantan la puerta de su negocio cada mañana.







