Un nuevo revés judicial recibió el Gobierno nacional en el proceso de instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una de las estructuras disidentes de las antiguas FARC que participa en los diálogos de paz. Un juez del municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo, rechazó los argumentos presentados por el Ejecutivo para dejar sin efectos el fallo que ordenó suspender las actividades relacionadas con este mecanismo mientras se resuelve una controversia sobre la consulta previa a comunidades indígenas.

La decisión judicial mantiene vigente la tutela interpuesta por el resguardo indígena Telar Luz del Amanecer, cuyos representantes aseguran que no fueron consultados antes de la creación de la Zona de Ubicación Temporal en su territorio, situación que, según la comunidad, vulnera sus derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la participación.

Durante el trámite del proceso, el Gobierno había solicitado la nulidad de la decisión argumentando que la orden era de difícil cumplimiento debido a que varios integrantes de la estructura armada ya habían sido trasladados hacia áreas de preconcentración como parte del proceso de paz. Sin embargo, el despacho judicial consideró que los argumentos expuestos no eran suficientes para revocar la medida inicialmente adoptada.

Con este pronunciamiento, el expediente pasará ahora a un juez de segunda instancia, quien deberá resolver la impugnación presentada por el Gobierno nacional y definir si confirma la suspensión de las actividades relacionadas con la ZUT o modifica la decisión adoptada en primera instancia. Paralelamente, también evaluará si las actuaciones adelantadas por las autoridades nacionales constituyen un eventual desacato a la orden emitida previamente.

El caso se ha convertido en uno de los principales desafíos jurídicos para la política de paz del Gobierno, ya que las Zonas de Ubicación Temporal hacen parte de la estrategia diseñada para facilitar la concentración de integrantes de grupos armados ilegales durante las negociaciones, bajo condiciones previamente acordadas con el Estado.

Mientras continúa el trámite judicial, la discusión también mantiene el foco sobre la obligación de garantizar los derechos de las comunidades indígenas cuando proyectos o decisiones estatales puedan afectar directamente sus territorios, un requisito establecido por la Constitución y por los convenios internacionales suscritos por Colombia.

La decisión definitiva sobre la continuidad o suspensión de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo quedará ahora en manos del juez de segunda instancia, cuyo pronunciamiento será determinante para el futuro de este componente del proceso de paz que adelanta el Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.