El senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se pronunció tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del exmandatario, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Cepeda aseguró que, aunque respeta la determinación, no la comparte y advirtió sobre los riesgos que podría generar.

“Las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales; por supuesto, respetamos esta, mas no la compartimos”, expresó el congresista del Pacto Histórico en declaraciones a medios de comunicación, aludiendo al fallo de tutela que revocó la medida de privación inmediata de la libertad impuesta por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

El Tribunal fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la libertad individual de Uribe, hasta que la Sala Penal resuelva la apelación a la sentencia condenatoria, trámite que deberá quedar resuelto antes de octubre de este año. Para los magistrados, la medida de aseguramiento carecía de justificación suficiente en términos de riesgo de fuga o manipulación de pruebas, dado que el proceso ya superó la fase probatoria.

Sin embargo, Cepeda reiteró su preocupación: “Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera un mecanismo para protegernos de ese tipo de acciones”.

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, en medio de investigaciones sobre presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares. La Corte Suprema no solo desestimó investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe por presunta manipulación de testigos en su propio beneficio.

Cepeda no descartó nuevas acciones jurídicas en respuesta al fallo favorable al expresidente. “Probablemente presentaremos acciones legales contra la decisión. Pero con toda la calma y la serenidad decimos que respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos pertinente”, puntualizó.

Desde el 1 de agosto, cuando fue proferida la condena en primera instancia, Uribe ha permanecido en su residencia campestre de Rionegro, Antioquia. La decisión del Tribunal lo mantiene en libertad mientras se define la apelación, un episodio que mantiene al país expectante, pues este proceso se ha convertido en uno de los más trascendentales de la historia judicial y política reciente en Colombia.