Un caso que ha generado profunda conmoción en el departamento del Atlántico salió a la luz tras las declaraciones del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, quien reveló una presunta situación de abuso y vulneración de derechos contra una menor de edad en ese municipio.

Según explicó el mandatario durante un Consejo de Seguridad realizado en Baranoa, una familia habría entregado a su hija a un prestamista ilegal, conocido en la región bajo la modalidad de crédito “gota a gota”, como forma de garantizar el pago de una deuda económica que no lograban cubrir. El hecho, de confirmarse, evidenciaría una grave situación de explotación.

La denuncia se agrava con la información de que la menor habría regresado tiempo después a su hogar en estado de embarazo, lo que sugiere posibles delitos de abuso sexual y violación de sus derechos fundamentales. El alcalde Chams calificó el caso como una señal alarmante del deterioro social y de las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan algunas familias en el territorio.

De acuerdo con el funcionario, uno de los aspectos más preocupantes es que la situación no habría sido denunciada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, lo que podría estar relacionado con el temor de la familia o la falta de acceso a rutas institucionales de protección.

Ante este panorama, el alcalde hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que intervengan de manera inmediata, garanticen la protección de la menor y adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Las autoridades también instaron a la comunidad a denunciar este tipo de situaciones, recordando que el silencio frente a estos casos impide la acción oportuna de las instituciones encargadas de proteger a los menores.

Este episodio ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y denuncia en casos de violencia y explotación infantil, así como de reforzar las estrategias contra las redes de préstamos ilegales que operan en distintas regiones del país.

Mientras se espera la actuación de los organismos competentes, el caso continúa generando rechazo y preocupación en la opinión pública, al reflejar una realidad que exige respuestas contundentes para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.