El Comité Intergremial del Atlántico lanzó una alerta contundente sobre lo que denominó un “cortocircuito institucional” dentro del Gobierno nacional ante la crítica situación financiera que atraviesa la empresa Air-e, intervenida desde septiembre de 2024 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La denuncia se da luego de que el Ministerio de Minas y Energía solicitara formalmente a la SuperServicios un informe sobre posibles soluciones para la compañía energética.

Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial, expresó su preocupación por la falta de articulación entre las distintas entidades del Ejecutivo para afrontar la crisis. “Lo que vemos es que hay un cortocircuito en el Gobierno nacional. Mientras tanto, los que pagamos los platos rotos somos los usuarios. Aquí se necesitan soluciones urgentes para resolver esta crisis que atraviesa Air-e Intervenida”, afirmó el dirigente gremial.

Cepeda recordó que desde la intervención del 12 de septiembre de 2024, la situación de la empresa no ha presentado mejoras, y por el contrario, se ha agravado significativamente. “La empresa fue intervenida porque se encontraba en una situación crítica en lo financiero. Hoy, más de nueve meses después, lo único que ha hecho es empeorar”, agregó.

El líder del sector empresarial también cuestionó que funcionarios del mismo Gobierno tengan que enviarse comunicaciones internas para coordinar asuntos urgentes, lo que evidencia —según dijo— una clara desconexión institucional. En ese sentido, propuso la creación de una mesa permanente de trabajo integrada por el superintendente de Servicios Públicos, el ministro de Minas, el de Hacienda y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de encontrar una salida integral a la crisis.

Adicionalmente, Cepeda Tarud exigió que se garantice el pago a generadores, transmisores y proveedores del sistema eléctrico, al tiempo que hizo un llamado a estructurar una solución definitiva que asegure la estabilidad del servicio y proteja a los millones de usuarios del Caribe colombiano que dependen de la operación de Air-e.

Los gremios del Atlántico reiteraron su disposición a seguir acompañando y vigilando el proceso, pero subrayaron que ya no hay margen para la improvisación y que el país necesita respuestas claras, rápidas y eficaces.