En Colombia, el uso del celular no solo sirve para comunicarse o informarse, también se ha convertido en una herramienta ciudadana para registrar situaciones en la vía pública, especialmente aquellas relacionadas con procedimientos policiales. Este hecho ha generado una pregunta frecuente: ¿es legal grabar a un policía en ejercicio de sus funciones o se puede recibir una multa por hacerlo?

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, regulado por la Ley 1801 de 2016, es claro frente a este tema: grabar a un policía es legal siempre que el uniformado se encuentre ejerciendo sus funciones en un espacio público. Este derecho está protegido por la Constitución, bajo los principios de libertad de expresión y acceso a la información.

Lo que dice la norma

El Código no contempla multas ni sanciones por grabar a miembros de la Fuerza Pública. No obstante, sí establece comparendos cuando la grabación interfiere en el procedimiento, como en los casos en que el ciudadano obstruya la labor policial, ponga en riesgo la seguridad de los uniformados o terceros, o afecte la movilidad en la vía pública. Dicho de otra manera, grabar es un derecho, pero no autoriza a interrumpir o alterar la labor de los agentes.

No pueden obligarlo a borrar un video

Otro punto clave es que ningún policía tiene la facultad de exigirle a un ciudadano que elimine un video o fotografía tomada en un espacio público. Estas grabaciones, de hecho, pueden convertirse en pruebas válidas dentro de investigaciones judiciales o disciplinarias, especialmente en casos de abuso de autoridad.

La Corte Constitucional ha enfatizado en que registrar un procedimiento oficial no vulnera la intimidad de los uniformados, ya que no se trata de actos privados, sino de actuaciones públicas.

¿Qué hacer si lo multan por grabar?

Si un policía llega a imponer un comparendo únicamente por el hecho de estar grabando, el ciudadano tiene derecho a apelar ante un inspector de policía. En estos casos, el mismo registro audiovisual puede convertirse en el soporte legal que demuestre la improcedencia de la sanción.

Organizaciones de derechos humanos recomiendan además acudir a la Procuraduría General de la Nación o a las personerías distritales o municipales en caso de sentirse vulnerado en el ejercicio de este derecho.

Un derecho que exige responsabilidad

En conclusión, en Colombia grabar a un policía no es delito ni falta, siempre y cuando no se interfiera en el procedimiento. Este derecho se entiende como un mecanismo legítimo de control ciudadano y de defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, debe ejercerse con responsabilidad, evitando obstrucciones o alteraciones en los operativos.

De esta manera, los ciudadanos cuentan con una herramienta válida para vigilar y respaldar la transparencia de la función pública, mientras que las autoridades recuerdan la importancia de que estas prácticas no se conviertan en un obstáculo para la seguridad y el orden.