El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, una propuesta que alcanza los $635 billones y que la administración bautizó como el “Presupuesto de la Verdad”.

El documento fue radicado el jueves 27 de agosto ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, después de que el Legislativo devolviera la propuesta anterior por considerar que no estaban contemplados recursos suficientes para varias obligaciones del Estado.

El nuevo proyecto aumenta en $59,3 billones frente al presupuesto presentado por la administración anterior. Según el Ministerio de Hacienda, buena parte de ese incremento corresponde a gastos que el Gobierno considera indispensables para garantizar el funcionamiento del Estado y cumplir compromisos que ya están establecidos.

Entre las partidas incluidas aparecen $6,5 billones destinados al pago de pensiones, $2 billones para el sistema de salud, $4,5 billones para cubrir salarios de funcionarios públicos y $700.000 millones para las universidades públicas.

El proyecto también contempla $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un componente que representa una de las obligaciones financieras incorporadas en la nueva propuesta.

Otro de los puntos que más pesa en el nuevo presupuesto es el servicio de la deuda. El Ministerio de Hacienda calcula un aumento de $37,4 billones en este rubro y atribuye el incremento a vencimientos de deuda de corto plazo que, según el Gobierno, fueron acumulados durante la administración anterior y no quedaron incorporados de manera suficiente en las cuentas presentadas inicialmente.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que el Gobierno también está planteando un esfuerzo de austeridad. La meta anunciada es reducir $17,5 billones en diferentes gastos.

De ese ajuste, $2,8 billones corresponderían a una reducción en compras de bienes y servicios, otros $2,5 billones a inversiones consideradas no prioritarias y $12 billones adicionales se recortarían en más de 250 líneas de gasto.

El Gobierno también presentó un escenario fiscal más complejo para 2026. De acuerdo con Gómez Martínez, el déficit fiscal sin incluir el pago de intereses no sería del 2,1 % del Producto Interno Bruto, como había proyectado la administración anterior, sino del 4,4 %.

La intención del Ejecutivo es llevar ese indicador al 3,3 % mediante un decreto de recorte y aplazamiento del gasto que, según anunció el Ministerio de Hacienda, será expedido próximamente. Para 2027, el llamado Plan de Rescate Económico plantea reducir el desbalance fiscal hasta el 2,3 % del PIB.

El Gobierno sostiene que esta estrategia busca frenar el crecimiento del gasto público y controlar el aumento de la deuda, con el objetivo de recuperar gradualmente la sostenibilidad de las finanzas nacionales.

La propuesta ahora entra en una nueva etapa en el Congreso. Allí los senadores y representantes deberán estudiar las cifras, discutir las prioridades de gasto y decidir si aprueban el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Para el Gobierno, el nuevo presupuesto pretende mostrar de manera más completa las obligaciones que tendrá que asumir el Estado durante 2027. La discusión en el Congreso será determinante para definir cuánto dinero tendrá el país para atender salud, pensiones, educación, funcionamiento estatal, inversión y servicio de la deuda durante el próximo año.

Mientras comienza el debate legislativo, la administración de Abelardo De La Espriella insiste en que el ajuste de las cuentas públicas será una de sus principales prioridades y advierte que ordenar las finanzas nacionales implicará decisiones de austeridad y reducción del gasto.