El Ministerio de Educación Nacional abrió a consulta pública un proyecto de decreto que propone modificar las reglas para la prestación y administración del servicio educativo en los colegios oficiales del país. La propuesta incluye nuevas condiciones para contratar operadores externos y también contempla la participación de iglesias y confesiones religiosas en determinadas estrategias pedagógicas.

Uno de los puntos que más atención ha generado es la posibilidad de que entidades públicas o privadas asuman la organización, coordinación, administración y dirección de uno o varios establecimientos educativos oficiales.

Según el documento, estos contratos podrían tener una duración mínima de dos años y llegar hasta los 12 años. Para acceder a ellos, el operador tendría que demostrar reconocida trayectoria e idoneidad y acreditar al menos 10 años de experiencia en la administración o prestación del servicio educativo.

El operador tendría responsabilidades sobre la administración del colegio, la custodia y mantenimiento de la infraestructura y la operación del establecimiento, de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato.

Esto significa que el plantel conservaría su carácter público, pero parte de su administración podría quedar durante varios años en manos de un tercero.

Cambios para docentes y trabajadores

Otro de los aspectos que puede generar discusión está relacionado con el personal.

El proyecto establece que los docentes, directivos docentes y trabajadores administrativos contratados directamente por el operador no tendrían vínculo laboral con la entidad territorial. Su relación estaría sometida al régimen laboral privado.

Además, el contratista no podría utilizar para ejecutar el contrato a funcionarios que hagan parte de la planta oficial de la entidad territorial.

De esta manera, un colegio oficial administrado mediante esta modalidad podría tener trabajadores vinculados bajo condiciones laborales diferentes a las de los funcionarios que pertenecen a la planta pública.

Qué papel tendrían las iglesias

El proyecto también contempla contratos con iglesias y confesiones religiosas, aunque en este caso la propuesta establece una figura diferente.

Las organizaciones religiosas podrían participar en el desarrollo de estrategias pedagógicas y brindar apoyo administrativo en establecimientos educativos oficiales.

La entidad territorial mantendría la infraestructura y aportaría el personal docente, directivo y administrativo disponible, mientras la organización contratada podría aportar componentes que la administración territorial no esté en capacidad de suministrar.

También se contempla que estas organizaciones apoyen el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, PEI, o del Proyecto Educativo Comunitario, PEC.

Un punto importante es que el proyecto no plantea que las iglesias pasen a administrar los colegios bajo esta modalidad. La administración general de los establecimientos está contemplada en una figura diferente dirigida a personas jurídicas públicas o privadas.

La contratación tendría que estar justificada

El Ministerio de Educación plantea que recurrir a terceros para prestar el servicio educativo debe ser una medida excepcional.

Las entidades territoriales tendrían que demostrar que no cuentan con la capacidad suficiente para atender a los estudiantes mediante su propia oferta oficial. Esa falta de capacidad podría estar relacionada con problemas de infraestructura, falta de docentes o directivos docentes, entre otras situaciones.

Antes de contratar, las autoridades locales deberían realizar un estudio técnico en el que se revise la cantidad de estudiantes, los cupos disponibles, las condiciones de los colegios, la planta de personal y las alternativas existentes para ampliar la capacidad del sistema público.

El Ministerio de Educación tendría además la posibilidad de revisar esos estudios y remitir los casos a los organismos de control cuando considere que no estaban dadas las condiciones para acudir a la contratación.

La propuesta también plantea reducir progresivamente este tipo de contratación y obliga a las entidades territoriales a establecer planes para solucionar las causas que llevaron a necesitar operadores externos.

FECODE cuestiona la propuesta

El proyecto ya provocó críticas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, que considera que los cambios podrían abrir la puerta a una mayor participación privada en la educación pública.

Las principales preocupaciones están relacionadas con la posibilidad de entregar la administración de colegios oficiales a operadores privados, la contratación de trabajadores bajo el régimen laboral privado y la participación de organizaciones religiosas.

Sin embargo, el documento que está en consulta no establece que los colegios públicos vayan a ser privatizados. Lo que propone es modificar las reglas bajo las cuales las entidades territoriales pueden contratar terceros para determinadas funciones relacionadas con la prestación y administración del servicio educativo.

Todavía no es una decisión definitiva

El punto clave es que el documento todavía no es una norma vigente. Se trata de un proyecto de decreto que está en etapa de consulta pública y puede recibir observaciones o modificaciones antes de que el Gobierno decida si finalmente lo expide.

Por ahora, la propuesta abre un nuevo debate sobre el futuro de la administración de los colegios oficiales, el papel que podrían tener los operadores privados y la participación de organizaciones religiosas en determinados programas educativos.

El Ministerio de Educación tendrá que revisar las observaciones que lleguen durante el proceso antes de tomar una decisión definitiva.

Para las familias, docentes y comunidades educativas, el tema será de especial interés porque cualquier cambio en estas reglas podría modificar la manera en que algunas instituciones oficiales son administradas y cómo se contrata parte del personal que trabaja en ellas.