El jurista Luis Eduardo Montealegre, quien está próximo a asumir el cargo de ministro de Justicia, explicó los fundamentos jurídicos detrás del polémico decreto que convoca a una Consulta Popular promovida por el presidente Gustavo Petro, y dejó claro que, en caso de ser tumbada por la Corte Constitucional, el Gobierno impulsará una Asamblea Nacional Constituyente respaldada por el pueblo.

Montealegre aclaró que no firmó el decreto presidencial debido a que aún no ha tomado posesión formal de su cargo, pero manifestó que lo habría hecho “con muchísimo gusto” al considerar que tiene plena validez constitucional. Según su análisis, el presidente actuó en el marco de sus competencias debido a una presunta violación del reglamento legislativo por parte del Congreso, que debía aprobar la Consulta Popular. “El presidente tiene la capacidad de ejercer control constitucional frente a omisiones del Congreso. En última instancia, la Corte Constitucional es quien debe tomar la decisión”, afirmó.

El jurista subrayó que no es el Consejo de Estado, sino la Corte Constitucional, el órgano encargado de validar los procesos democráticos relacionados con mecanismos de participación como la consulta. “El control es posterior a la consulta, no previo”, recalcó.

Ante la posibilidad de que la Corte declare inconstitucional el decreto de la Consulta Popular, el Gobierno ya tiene previsto otro camino: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente mediante iniciativa popular. Montealegre respaldó esta ruta afirmando que está contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano. “La primera etapa debe ser decidida por el pueblo. Si se recogen más de 8 millones de firmas, se puede presentar un proyecto de ley para convocar la Asamblea. Este proceso no necesita pasar por el Congreso, sino directamente a revisión de la Corte Constitucional”, explicó.

La propuesta se apoya en normas establecidas por las leyes estatutarias de participación ciudadana. Según Montealegre, cuando se alcanza el 20% del censo electoral en apoyo a una iniciativa, esta puede pasar directamente a control constitucional sin requerir aprobación legislativa. “Esto es posible gracias a un vacío en la Constitución que, al ser cubierto con coherencia jurídica, permite avanzar en el proceso con respaldo popular”, señaló.

Finalmente, Montealegre fue claro al decir que una eventual Asamblea no implicaría una reelección del presidente Petro ni una extensión de su mandato. “Las elecciones se harán como está previsto. Ni siquiera los violentos pueden detener ese ejercicio democrático”, aseguró.

El exfiscal concluyó que si se logran reunir las firmas requeridas y la Corte da luz verde, Colombia podría estar celebrando una Asamblea Nacional Constituyente a partir del próximo año. El gobierno insiste en que el pueblo será quien tenga la última palabra frente al bloqueo institucional que enfrenta el Ejecutivo en el Congreso.