El Gobierno nacional solicitó suspender las órdenes de captura, incluidas las que tienen fines de extradición, contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, con el propósito de facilitar su traslado hacia Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó dentro del proceso de conversación sociojurídica que se adelanta con esa estructura armada.

La medida quedó consignada en una resolución del Ejecutivo y contempla un desplazamiento preparatorio, progresivo y condicionado de los integrantes incluidos en el listado oficial. Según lo establecido, la movilización está prevista para el próximo 25 de junio de 2026 y deberá realizarse exclusivamente con fines relacionados con el proceso de paz y con el cumplimiento de los compromisos pactados en la mesa de diálogo.

Los puntos definidos para la concentración son Tierralta, en Córdoba, y Belén de Bajirá, en Chocó. Hacia esos territorios deberán dirigirse los miembros de la organización beneficiados con la suspensión temporal de las órdenes judiciales, bajo condiciones específicas de tiempo, ruta, destino y finalidad.

Entre los nombres incluidos aparece Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. También figuran Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo, de acuerdo con la información conocida sobre la resolución.

El documento ordena comunicar la decisión a la Fiscalía General de la Nación para que aplique la suspensión de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, conforme a lo previsto en la Ley 418 de 1997 y la Ley 2272 de 2022, normas que sirven de soporte jurídico para los procesos de paz y sometimiento con organizaciones armadas.

La autorización no implica libertad plena de movimiento para los señalados cabecillas. La resolución precisa que cualquier desplazamiento, actividad de coordinación, pedagogía o consulta interna deberá estar vinculado directamente con el proceso de paz. Además, los delegados tendrán que reportar ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz las personas que se movilicen, los lugares de origen y destino, las fechas, los motivos y las rutas previstas.

Durante los traslados, el Ministerio de Defensa deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los integrantes del Clan del Golfo que se dirijan hacia las zonas temporales. La resolución también contempla la participación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, MAPP/OEA, dentro del mecanismo tripartito encargado del seguimiento, monitoreo y verificación de las zonas donde estarán ubicados los miembros de la estructura.

La decisión se da en medio de los esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro por avanzar en su política de paz total y buscar una salida negociada con una de las organizaciones ilegales de mayor expansión territorial en el país. En conversaciones previas, el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, ha señalado que un eventual acuerdo con el Clan del Golfo incluiría penas de prisión para sus máximos responsables y que la discusión se centra en las condiciones y lugares de cumplimiento, no en eliminar la responsabilidad penal.

El proceso ha generado debate político y preocupación en sectores que advierten riesgos de fortalecimiento territorial de la organización durante los movimientos hacia las zonas de ubicación. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la suspensión de capturas está limitada al marco del proceso y condicionada a la verificación de los compromisos adquiridos.

Con esta resolución, el Ejecutivo abre una nueva etapa en las conversaciones con el Clan del Golfo, mientras las autoridades deberán coordinar la seguridad, la verificación y el control de los desplazamientos previstos para el 25 de junio. La medida será observada de cerca por las comunidades de Córdoba y Chocó, territorios históricamente afectados por la presencia armada, las economías ilegales y las disputas por el control territorial.