El Gobierno nacional aseguró que no existe riesgo de un apagón en la región Caribe, a pesar de la suspensión temporal del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional. Desde el Ministerio de Minas y Energía se afirmó que ya están en marcha mecanismos regulatorios que permiten garantizar la continuidad del servicio, especialmente en los territorios atendidos por la empresa Air-e.

El pronunciamiento fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien explicó que el Ejecutivo ha venido tomando decisiones desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas y desde el propio Ministerio para evitar una crisis en la prestación del servicio público. Según el funcionario, estas acciones permiten asegurar el suministro eléctrico aun en medio del complejo escenario jurídico y financiero que enfrenta el sector.

Palma expresó su inconformidad con la determinación de la Corte Constitucional, al considerar que la suspensión del decreto afecta la financiación de programas sociales fundamentales, como los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3, así como la estabilidad financiera de Air-e, empresa que actualmente se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.

No obstante, el ministro reiteró que el Gobierno continuará adoptando todas las medidas necesarias para proteger a los usuarios y garantizar la prestación del servicio en la región Caribe. En ese sentido, aseguró que se revisarán y agotarán los mecanismos legales disponibles para enfrentar la decisión judicial y explorar alternativas que permitan asegurar los recursos requeridos para el funcionamiento del sistema.

Avanza estudio de nueva sobretasa

Como parte de estas alternativas, el Ministerio de Minas y Energía anunció que acelerará el análisis de una resolución que contempla la aplicación de una sobretasa de 8 pesos por kilovatio hora. La iniciativa se encuentra actualmente en fase de comentarios y busca establecer un esquema de contribución gradual, orientado principalmente a los usuarios con mayor capacidad económica.

De acuerdo con el ministro, el recaudo de esta sobretasa permitiría sostener la operación de Air-e y garantizar el suministro de energía a cerca de 1,5 millones de familias en la región Caribe. Aunque reconoció que se trata de una medida impopular, señaló que resulta necesaria para evitar mayores afectaciones al servicio y proteger a los sectores más vulnerables.

Desde el Gobierno se insistió en que estas decisiones no buscan beneficiar a una administración en particular, sino asegurar un servicio público esencial para millones de ciudadanos. Con las medidas regulatorias en curso, el Ejecutivo reafirma su compromiso de mantener la estabilidad del sistema eléctrico en la Costa Caribe y evitar interrupciones que impacten a la población y a la economía regional.