En medio de la creciente controversia nacional por el aumento del impuesto predial, el Gobierno Nacional salió al paso de las críticas y explicó el alcance real de su responsabilidad en este cobro, señalando que son las alcaldías las encargadas de definir y liquidar el valor final que deben pagar los propietarios en cada municipio.

La discusión se intensificó tras las protestas registradas en varias regiones del país, especialmente en departamentos como Santander, Boyacá y Norte de Santander, donde ciudadanos han denunciado incrementos desproporcionados en sus facturas. Frente a este panorama, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) precisó que el proceso de actualización catastral adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no implica automáticamente un aumento del impuesto.

Según la explicación oficial, el IGAC se limita a establecer el avalúo catastral de los predios, es decir, una valoración técnica que busca ajustar el valor de las propiedades a la realidad económica del país. Sin embargo, el monto del impuesto predial depende directamente de las decisiones que toman los concejos municipales y las alcaldías, a través de sus estatutos tributarios y tarifas locales.

El Gobierno enfatizó que no tiene competencia para fijar tarifas ni recaudar este impuesto, por lo que instó a las administraciones locales a actuar conforme a la ley y revisar los casos en los que se hayan superado los límites permitidos. De acuerdo con la normativa vigente, el incremento del predial no puede exceder ciertos topes, que en algunos casos están fijados en un máximo del 50 % respecto al año anterior, dependiendo del tipo de predio.

En ese sentido, el presidente Gustavo Petro reiteró que la solución a la problemática debe darse en el ámbito municipal, invitando a los alcaldes y concejos a ajustar las tarifas si consideran que los cobros afectan a la población, especialmente a los sectores más vulnerables. La postura del Ejecutivo ha sido clara en señalar que la responsabilidad de moderar el impacto del impuesto recae en las autoridades locales, quienes tienen la facultad de aplicar beneficios, alivios o reducciones.

No obstante, desde distintos sectores territoriales ha surgido una respuesta contraria. La Federación Colombiana de Municipios ha indicado que los alcaldes no actúan de manera arbitraria, sino que cumplen con lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que ha generado un cruce de responsabilidades entre niveles de gobierno.

El origen de la polémica también está relacionado con la actualización de avalúos catastrales en cientos de municipios, un proceso que, aunque busca corregir rezagos históricos en la valoración de predios, ha derivado en aumentos que muchos ciudadanos consideran difíciles de asumir.

Ante este escenario, el Gobierno hizo un llamado a los contribuyentes para que, en caso de considerar excesivo el cobro, presenten solicitudes formales ante sus alcaldías para revisar la liquidación del impuesto. Asimismo, reiteró que está monitoreando el cumplimiento de los topes legales en todo el país y que las administraciones locales deben corregir cualquier irregularidad detectada.

La polémica por el predial sigue escalando y se mantiene como uno de los temas más sensibles en la agenda nacional, con implicaciones económicas y sociales que continúan generando debate entre ciudadanos, autoridades locales y el Gobierno central.