La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de prevaricato por acción al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, por presuntas irregularidades en el manejo del proceso de licitación para la contratación de pasaportes en el país.

De acuerdo con el ente acusador, Leyva habría vulnerado la Ley 80 de 1993 al suspender de manera injustificada la licitación y actuar “a su propio arbitrio y con abuso de poder” con el objetivo de impedir su adjudicación. Según la investigación, las decisiones tomadas por el entonces canciller no se ajustaron a los principios de transparencia y legalidad que rigen la contratación estatal.

La imputación formal se convierte en un nuevo capítulo del caso que ha generado controversia nacional, y que incluso llevó a la salida de Leyva del Ministerio de Relaciones Exteriores tras varias advertencias de los organismos de control.

La Fiscalía señaló que continuará con el proceso judicial para esclarecer las responsabilidades penales en este manejo contractual, mientras que el exfuncionario deberá enfrentar el avance de la investigación bajo la figura de prevaricato por acción, delito que recae sobre quienes profieren decisiones contrarias a la ley en el ejercicio de sus funciones públicas.