La crisis institucional en la Universidad del Atlántico volvió a quedar en evidencia luego de que no se pudiera instalar la sesión programada del Consejo Superior Universitario, debido a la ausencia de los representantes del Gobierno nacional, lo que impidió alcanzar el quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.
La reunión, prevista para este viernes, tenía como uno de sus puntos centrales el análisis de una presunta inhabilidad del rector encargado, Rafael Castillo, quien enfrenta una medida disciplinaria. Según lo informado, la Procuraduría General de la Nación ha señalado que no existen pruebas de que dicha sanción se haya ejecutado, razón por la cual mantiene abiertas dos investigaciones contra exdirectivos de la institución.
Abraham Scoll González, representante de los egresados ante el Consejo Superior, cuestionó con dureza la inasistencia de los delegados del Gobierno nacional y del Ministerio de Educación, afirmando que su ausencia bloqueó la discusión de temas determinantes para el futuro de la universidad. A su juicio, esta situación refleja una falta de compromiso con los espacios legítimos de decisión y profundiza la incertidumbre institucional.
El representante de los egresados advirtió que la Universidad del Atlántico no puede continuar, en sus palabras, atrapada entre la improvisación, la ausencia de garantías institucionales y el desinterés de quienes tienen la responsabilidad de acompañar los procesos de gobierno universitario. En ese sentido, hizo un llamado a estudiantes, docentes y egresados para que se unan en defensa de la institucionalidad y exijan respeto por la autonomía universitaria.
Durante el breve desarrollo del encuentro, algunos consejeros expresaron dudas sobre la legitimidad de la posesión del rector encargado, argumentando que no cumpliría con los requisitos exigidos mientras persista la sanción disciplinaria. Estas inquietudes avivaron el debate interno y evidenciaron las divisiones existentes al interior del máximo órgano de dirección de la universidad.
Por su parte, un líder estudiantil señaló que se presentó una discusión interna con el rector encargado, quien habría atribuido a administraciones anteriores la responsabilidad por la demora en la ejecución de la sanción disciplinaria que hoy genera controversia.
Ante la imposibilidad de avanzar en la agenda y la falta de respuestas claras, distintos sectores de la comunidad universitaria solicitaron la intervención de los órganos de control para que se esclarezca la situación administrativa y disciplinaria, y se garantice el normal funcionamiento del Consejo Superior y de la Universidad del Atlántico.

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