La anunciada disminución de cerca de $500 pesos, por galón en el precio de la gasolina ha generado preocupación entre las estaciones de servicio del país, que advierten dificultades operativas y posibles pérdidas económicas si la medida se aplica de manera inmediata, sin considerar los inventarios adquiridos previamente.

El gremio Somos Uno, que agrupa a Comce y Fendipetróleo, explicó que el combustible que venden las estaciones se compra a un precio fijo e irrevocable en las plantas mayoristas. Esto significa que los distribuidores están obligados a comercializar primero el producto almacenado antes de adquirir nuevos volúmenes a un menor costo. En ese contexto, reducir el precio en el surtidor sin haber agotado los inventarios comprados a un valor más alto implicaría vender a pérdida.

Según el gremio, esta situación afectaría principalmente a las estaciones pequeñas y medianas, poniendo en riesgo su sostenibilidad financiera y, a largo plazo, la continuidad del servicio. Además, advirtieron que una implementación acelerada podría generar confusión entre los consumidores y posibles sanciones para los distribuidores, al no existir una transición clara entre los precios antiguos y los nuevos.

Actualmente, el precio promedio de la gasolina en Colombia se ubica en $15.557, mientras que el diésel se mantiene alrededor de $10.983. En ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, el valor del galón de gasolina supera los $15.900, mientras que en zonas fronterizas como Cúcuta y Pasto los precios son considerablemente más bajos.

El sector no cuestiona la reducción anunciada por el Gobierno, sino el tiempo y la forma de su aplicación. Desde el Ejecutivo se ha explicado que el ajuste responde a un mayor equilibrio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que en años anteriores acumuló un déficit significativo debido al congelamiento de precios durante la pandemia. Entre 2022 y 2025, el Estado destinó más de 72 billones de pesos para cubrir ese desbalance.

La reciente rebaja se origina principalmente en una disminución cercana a $600 pesos por galón en el Ingreso al Productor, componente que remunera al productor del combustible. Sin embargo, este alivio se ve parcialmente compensado por incrementos en otros rubros, como el impuesto al carbono, el impuesto nacional y los márgenes de comercialización, lo que deja una reducción neta cercana a los $500 pesos en el precio final al consumidor.

Desde Somos Uno insisten en que la política pública debe ajustarse a la realidad operativa de la cadena de distribución. Aseguran que una falta de coordinación institucional puede traducirse en desinformación, desconfianza del consumidor y presión financiera sobre un sector clave para la movilidad y la economía del país.

“El alivio en el precio es positivo para los ciudadanos, pero su correcta ejecución requiere planificación, diálogo y tiempos razonables”, concluyó el gremio, al reiterar su llamado al Gobierno para que la implementación se realice de forma gradual y coordinada.