Una nueva y preocupante alianza entre estructuras armadas ilegales pone en alerta a las autoridades nacionales. De acuerdo con un informe de inteligencia del Estado, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC, habrían unido fuerzas en la región de la Orinoquía para controlar rutas de minería ilegal y reducir el impacto económico de las operaciones militares del Gobierno.

El documento revela que la cooperación se habría formalizado en los primeros meses de 2025, tras una serie de incautaciones y operativos exitosos de la Fuerza Pública que afectaron gravemente las finanzas de ambos grupos. La ofensiva coordinada del Ejército, la Policía Nacional y la Armada habría sido el detonante para que estas organizaciones, históricamente enfrentadas, decidieran cesar hostilidades y coordinar actividades ilícitas.

Uno de los encuentros clave habría ocurrido en territorio venezolano, donde, según fuentes de inteligencia, se reunieron alias “Pedro Pablo” o “Copete”, cabecilla del Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, y alias “Jhon 40”, jefe del Frente Acacio Medina. También participaron jefes de finanzas y logística de ambas estructuras.

El acuerdo incluye la protección conjunta de corredores estratégicos usados para el transporte de coltán —un mineral esencial en la fabricación de dispositivos electrónicos—, así como el fortalecimiento de actividades como narcotráfico y extorsión a comerciantes, ganaderos y transportadores en departamentos como Vichada, Guainía y Arauca.

Una prueba contundente de esta colaboración fue la incautación reciente de 48 toneladas de coltán, transportadas en tres camiones —dos de ellos ligados al ELN y uno a la Segunda Marquetalia—. El cargamento, cuyo valor en el mercado ilegal supera los 5 mil millones de pesos, fue interceptado tras la denuncia de un infiltrado dentro de la estructura criminal.

Preocupación por empresas involucradas

El informe también señala que algunas empresas formalmente registradas en Colombia estarían comprando el mineral extraído por estos grupos, a precios por debajo del mercado legal. Aunque no se revelaron nombres, se confirmó que varias de estas compañías están siendo investigadas por presunto lavado de activos y financiación indirecta de grupos armados ilegales.

Esta alianza representa un desafío mayúsculo para el Estado, ya que no solo evidencia la persistencia de economías criminales, sino que demuestra la capacidad de adaptación de los grupos armados ante la presión institucional. Además, expertos alertan que este tipo de acuerdos podrían expandirse a otras regiones del país donde el control territorial y los recursos naturales siguen siendo objeto de disputa.

En medio del complejo panorama de seguridad nacional, el Gobierno ha reiterado su compromiso con la protección de los recursos naturales y la lucha contra las economías ilícitas. No obstante, el reto es enorme: frenar el avance de redes criminales que, cada vez con más sofisticación, buscan legitimarse a través de actores económicos aparentemente legales.