Daniel Rodríguez, director de la Penitenciaría El Bosque, denunció haber recibido amenazas de muerte atribuidas a presuntos integrantes del Clan del Golfo. Según el funcionario, un panfleto anónimo habría llegado con la advertencia de abandonar la ciudad en menos de 24 horas, situación que encendió las alarmas sobre la seguridad del personal del sistema penitenciario en el Atlántico.

“Siempre en nuestros cargos estamos expuestos a este tipo de amenazas por las decisiones que tomamos, por lo que lideramos. Y la idea es que en este momento cuando uno recibe este tipo de amenazas, nosotros ponemos en conocimiento a las autoridades para que hagan lo respectivo”, manifestó Rodríguez al referirse a los riesgos que implica ejercer su función en una cárcel de alta complejidad como lo es El Bosque.

La denuncia ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes bajo la coordinación de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Sin embargo, Rodríguez expresó su preocupación por la falta de garantías mínimas de protección: “No tengo esquema de seguridad. No cuento con un vehículo particular y siempre me toca estar usando servicio público. Usted es más la exposición que tengo yo viviendo”, afirmó.

El director del penal insistió en que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra no es nueva, pero sí cada vez más delicada, dado el incremento de tensiones dentro del establecimiento penitenciario y el riesgo de represalias por parte de estructuras criminales con presencia en la región.

La Penitenciaría El Bosque, una de las más vigiladas del departamento del Atlántico, ha sido en repetidas ocasiones señalada como punto de interés para redes del crimen organizado que, según informes de inteligencia, operan desde dentro de los centros carcelarios o buscan ejercer control a través de amenazas a funcionarios penitenciarios.

Rodríguez hace un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades locales para reforzar las medidas de protección para quienes ejercen labores de dirección en los centros de reclusión, recordando que su labor está enfocada en el cumplimiento de la ley y la administración de justicia.

“Hoy mi integridad está en juego por ejercer mi función. Pido apoyo y respaldo institucional. Esta no es solo una amenaza contra mí, es una amenaza contra el Estado”, concluyó.

La denuncia de Rodríguez se suma a un preocupante patrón de amenazas y atentados contra funcionarios del sistema penitenciario en diferentes regiones del país, lo que subraya la necesidad de acciones inmediatas para proteger a quienes cumplen un rol vital en el control y seguridad carcelaria.