Un nuevo cuestionamiento surge en el municipio de Malambo en torno a la ejecución de un proyecto de saneamiento ambiental que, pese a millonarias inversiones, no estaría cumpliendo con los objetivos para los cuales fue concebido, generando preocupación entre la comunidad y líderes locales.

La polémica gira en torno a la planta de tratamiento de aguas residuales construida en el municipio, obra que inicialmente fue presentada como una solución definitiva para mejorar la calidad de los cuerpos de agua en la zona. En su momento, el proyecto fue respaldado por el abogado Eduardo Merlano, quien junto a la también profesional Loreta Jiménez aseguró que el sistema permitiría recuperar los ecosistemas hídricos y garantizar condiciones ambientales óptimas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las denuncias apuntan a que la infraestructura no ha funcionado adecuadamente, pese a una inversión inicial cercana a los 21.000 millones de pesos, a la que se sumaron recursos adicionales que superan los 1.700 millones de pesos. Según las críticas, el impacto esperado en la recuperación de fuentes hídricas no se ha materializado.

Uno de los puntos más controvertidos del caso tiene que ver con la legalidad del terreno donde fue construida la planta. De acuerdo con los señalamientos, el predio no correspondería a un bien fiscal, sino a propiedad privada, lo que habría generado dudas sobre el proceso de adquisición y ejecución del proyecto.

El tema ya estaría en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelantan procesos relacionados con denuncias y ampliaciones de información que buscan esclarecer posibles irregularidades en la contratación y desarrollo de la obra.

Asimismo, se han presentado diferencias entre entidades involucradas en la ejecución y entrega del proyecto. Mientras algunos actores han sostenido que las obras fueron recibidas a satisfacción, desde la administración municipal de la época se habría cuestionado su funcionamiento, lo que derivó en desacuerdos sobre la operatividad del sistema.

Las críticas también se han extendido a la empresa Aguas de Malambo, señalada por presunta falta de respuesta frente a las fallas reportadas. Además, se ha cuestionado el papel de la Gobernación del Atlántico en el seguimiento del proyecto, especialmente en lo relacionado con obras complementarias como tanques de almacenamiento de agua potable que, según denuncias, presentan deterioro sin haber sido plenamente aprovechados.

El impacto de esta situación no solo se limita a lo administrativo. Comunidades locales, especialmente pescadores, han manifestado afectaciones económicas debido a la persistencia de problemas ambientales en cuerpos de agua cercanos, lo que ha reducido sus posibilidades de sustento.

Frente a este panorama, líderes ciudadanos han insistido en la necesidad de que se determinen responsabilidades y se garantice el uso adecuado de los recursos públicos, subrayando que proyectos de esta magnitud deben traducirse en beneficios reales para la comunidad.

El caso continúa en desarrollo mientras se esperan avances en las investigaciones y pronunciamientos oficiales que permitan aclarar el futuro de esta obra y su impacto en el municipio.