Este domingo unos 500 soldados y 350 policías se desplegaron en El Estor, un poblado indígena del noreste de Guatemala donde el gobierno declaró estado de sitio, un día después de que la policía disolvierá una protesta contra una minera suiza que dejó cuatro agentes heridos de bala.

Las fuerzas de seguridad se abrieron paso, en camiones, patrullas e incluso en vehículos blindados, por las calles del caluroso poblado maya q’eqchi’, ubicado 315 km al noreste de la capital por carretera.

Algunos vecinos de este municipio de 76.000 habitantes sólo miraban, tratando de llevar su vida normal. Unos nadaban en las aguas del lago de Izabal que colinda con el poblado.

La orden del presidente Alejandro Giammattei, estará vigente por 30 días, limitando el derecho de manifestación, permitiendo a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez, con toque de queda entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, así como otras restricciones, detalló el decreto publicado en la gaceta oficial.

Según el texto «en el municipio de El Estor (…) diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad».

El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para que no pierda su vigencia.

El sábado pasado, policías despejaron una carretera donde un grupo de indígenas se habían ubicado desde el 4 de octubre «en resistencia» al denunciar que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.

El grupo, que se opone a la minera por considerar que provoca daños ambientales, también denunciaba que el Ministerio de Energía y Minas no los había tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.

Abelino Chub, uno de los líderes indígenas consideró que la limitación de derechos ciudadanos pretende atemorizar a la población que se opone a la empresa minera y alertó del recrudecimiento de la persecución y criminalización contra los dirigentes de las organizaciones comunitarias contrarias a la empresa.

El gobierno, en un comunicado, aclaró que la suspensión solo abarca una de las licencias otorgadas a CGN, pero que «la planta procesadora y otros derechos mineros (…) no están relacionados con la resolución» de la CC «por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera apegada a la ley».