El traslado de Olmedo López desde una guarnición militar hasta la cárcel La Picota abrió una nueva discusión dentro del proceso judicial que enfrenta el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La defensa de López rechazó la decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y sostuvo que llevarlo a un centro penitenciario ordinario puede aumentar los riesgos para su seguridad, teniendo en cuenta su condición de testigo dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
El traslado se realizó el 6 de octubre de 2026, junto con el de Sneyder Pinilla, quien fue subdirector de la entidad y también se convirtió en colaborador de la justicia. Ambos permanecían recluidos en instalaciones militares y fueron llevados a La Picota por decisión del Inpec, en cumplimiento de una orden del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
La defensa cuestiona la decisión del Inpec
El abogado José Luis Moreno Caballero, representante de Olmedo López, cuestionó la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026, mediante la cual el Inpec ordenó el traslado desde el Centro de Reclusión Militar del Cantón Militar Caldas hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá La Picota.
La defensa sostiene que la situación de López no puede analizarse únicamente como la de una persona privada de la libertad, debido a que también ha entregado información a la justicia dentro de uno de los procesos de corrupción más importantes de los últimos años.
Según el abogado, existe una decisión judicial previa que estableció que la medida de aseguramiento de López debía cumplirse en el Cantón Militar Caldas precisamente por las condiciones de seguridad que enfrentaba.
El 31 de agosto de 2024, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá había ordenado que la medida de aseguramiento se cumpliera en esa guarnición militar y expidió la Boleta de Detención 086 dirigida a ese establecimiento. La defensa considera que esa decisión debe ser tenida en cuenta antes de mantener el traslado a La Picota.
El Gobierno sostiene que no habrá privilegios
La decisión de trasladar a López y Pinilla hace parte de la política anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella para acabar con los tratamientos especiales para personas privadas de la libertad.
El mandatario confirmó el traslado y aseguró que en su Gobierno no existirán cárceles especiales ni condiciones diferenciadas por el poder o los recursos de los procesados. La decisión también fue presentada como una medida para terminar con lo que el Gobierno ha denominado privilegios carcelarios.
Olmedo López y Sneyder Pinilla son dos de los principales involucrados en el escándalo de contratación de la UNGRD, particularmente en el caso de los carrotanques destinados a La Guajira. Ambos han entregado información a las autoridades y su colaboración forma parte de los procesos judiciales que todavía siguen en curso.
La defensa busca que se revise nuevamente la medida
Después del traslado, la defensa de López acudió nuevamente ante la justicia. El abogado solicitó al Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá que programe una audiencia para revisar la medida de aseguramiento y las condiciones en las que debe permanecer recluido su cliente.
Por ahora, el Inpec mantiene vigente la decisión y Olmedo López deberá permanecer en La Picota mientras la justicia analiza las solicitudes que presente su defensa.
El punto central de la discusión será determinar si las condiciones de seguridad que llevaron inicialmente a ordenar su reclusión en una guarnición militar continúan vigentes y si esas circunstancias deben prevalecer frente a la decisión administrativa de trasladarlo a un establecimiento penitenciario.
La controversia, por tanto, no cambia la situación judicial de López ni define su responsabilidad penal. Se concentra en el lugar donde debe cumplir la medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones por el caso de la UNGRD.
