La Asamblea de Antioquia aprobó el Proyecto de Ordenanza 37 de 2026, con el que el departamento podrá avanzar en los estudios de factibilidad de cuatro corredores viales que serían financiados, total o parcialmente, mediante la contribución por valorización.

Las obras están ubicadas en las subregiones de Oriente, Suroeste y Urabá y, de acuerdo con la Gobernación de Antioquia, representan cerca de 78 kilómetros de vías y una inversión estimada de aproximadamente 800.000 millones de pesos.

La decisión no significa que las cuatro vías vayan a comenzar a construirse de inmediato. Lo que aprobó la Asamblea es el paso de los estudios de prefactibilidad a los estudios de factibilidad, además de continuar con el proceso de socialización con los propietarios que podrían estar dentro de las zonas beneficiadas por los proyectos.

Estas son las vías incluidas

En el Oriente de Antioquia fueron priorizados dos corredores. El primero es El Canadá–El Carmen de Viboral, con una extensión de 5,8 kilómetros. El segundo corresponde a La Unión–El Carmen de Viboral, con 18,8 kilómetros.

En el Suroeste se incluyó el corredor Jericó–Buenos Aires–La Bodega, de 16,4 kilómetros.

El cuarto proyecto está en Urabá y contempla la conexión entre Ríogrande, Nueva Colonia, Embarcadero, Zungo y Casa Verde, con 35,53 kilómetros.

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Sebastián Castaño Gómez, explicó que el conjunto de proyectos representa cerca de 78 kilómetros y una inversión cercana a los 800.000 millones de pesos.

Uno de los puntos que más peso tuvo en la discusión es el impacto que estas vías podrían tener en Urabá, especialmente por el crecimiento de la actividad asociada a Puerto Antioquia.

El alcalde de Carepa, Agapito Murillo Palacios, señaló que la infraestructura actual de la subregión no sería suficiente para atender el aumento esperado del transporte y sostuvo que el nuevo corredor ayudaría a descongestionar la logística relacionada con el puerto.

Quiénes no tendrían que pagar valorización

El proyecto aprobado establece una serie de excepciones para evitar que la contribución recaiga sobre sectores considerados vulnerables o sobre predios que no reciban un beneficio económico real de las obras.

Entre los exentos aparecen las viviendas de interés social y prioritario, así como los predios de estratos 1, 2 y 3. También están contemplados los pequeños productores cuya actividad se encuentre por debajo de la Unidad Agrícola Familiar.

La lista incluye además a adultos mayores, mujeres cabeza de familia, víctimas y población retornada inscrita en el Registro Único de Víctimas, personas vinculadas a procesos de restitución de tierras y habitantes de centros históricos.

También se establecieron excepciones para talleres artesanales, pequeña industria tradicional, instituciones de utilidad pública, organismos de socorro, instituciones de salud, establecimientos educativos y culturales, entre otros.

Los predios con restricciones ambientales o problemas de acceso también podrán quedar excluidos del cobro. La ordenanza contempla igualmente a propietarios que tuvieron que evacuar sus viviendas como consecuencia del terremoto del 10 de agosto de 2026 y a personas afectadas por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

El cobro todavía no está definido para cada propietario

Uno de los aspectos que deberá aclararse en las siguientes etapas es cuánto tendría que pagar cada propietario que sí resulte sujeto a la valorización.

Para llegar a esa definición todavía deben adelantarse los estudios de factibilidad y el proceso de socialización con los propietarios ubicados en las zonas de citación.

La Gobernación informó que también deberá conformarse una Junta de Propietarios para acompañar el proceso. La Asamblea, además, ordenó la creación de una comisión accidental que hará seguimiento al desarrollo de los proyectos.

La Universidad Nacional de Colombia ya realizó un estudio de accesibilidad para establecer los posibles beneficios en movilidad y los tiempos de desplazamiento, mientras que la Lonja de Propiedad Raíz adelantó el estudio de prefactibilidad de la valorización.

La iniciativa también generó críticas dentro de la Asamblea. Algunos diputados cuestionaron que el mecanismo pueda terminar trasladando el costo de las obras a propietarios, campesinos y pequeños productores, mientras que la Gobernación sostiene que las exenciones incluidas buscan precisamente proteger a los sectores con menores capacidades económicas.

Ahora el departamento entra en una nueva etapa. Antes de hablar de construcción y de cobros concretos, deberán completarse los estudios técnicos, definir el alcance de cada corredor, socializar el proyecto con los propietarios y establecer quiénes recibirán realmente los beneficios que justificarían la contribución por valorización.