En medio del escándalo que sacude al Congreso por presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la defensa del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, rechazó categóricamente las acusaciones que pesan sobre el congresista, al tiempo que evalúa solicitar su reclusión en una guarnición militar por motivos de seguridad.

El abogado Billy Torres, quien representa a Calle, aseguró que hasta el momento no existe una sola prueba contundente que demuestre que su defendido haya recibido los $1.000 millones en efectivo que le atribuyen los testimonios de Sneyder Pinilla y Olmedo López. “No hay evidencia de un préstamo, de un envío de dinero a Montería ni de una entrega directa a Andrés Calle. Estamos en una etapa probatoria y confiamos en que las siguientes diligencias confirmarán su inocencia”, indicó el jurista tras visitar al congresista en el búnker de la Fiscalía.

Andrés Calle, quien se entregó voluntariamente al CTI luego de la orden de captura emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, enfrenta una medida de aseguramiento por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación. Su defensa ya anunció que interpondrá un recurso de reposición para buscar que la medida sea revisada.

Ante la gravedad de los señalamientos, la defensa argumenta que, debido al perfil de riesgo del congresista, quien representa a una zona históricamente golpeada por la violencia como lo es el sur de Córdoba, se evaluará la posibilidad de solicitar una reclusión en una guarnición militar. “Él ha recibido amenazas, cuenta con un esquema de seguridad reforzado, y dadas las condiciones de riesgo, esto será analizado con la seriedad que amerita”, explicó el abogado Torres.

El expediente judicial señala que Calle habría recibido el dinero en su apartamento en el Edificio K62 de Montería el 14 de octubre de 2023, según el testimonio de Sneyder Pinilla, quien asegura haberlo entregado personalmente. Además, se indica que esos recursos supuestamente fueron utilizados para financiar las campañas políticas de su hermano Gabriel Enrique Calle a la Gobernación de Córdoba y de su padre, Gabriel Alberto Calle, a la Alcaldía de Montelíbano.

El abogado también cuestionó el comportamiento de los testigos claves del caso. “Es muy curioso que personas como Pinilla y López hablen abiertamente con los medios, pero al momento de rendir declaración formal ante la justicia, opten por guardar silencio o se contradigan”, señaló Torres.

Mientras se define el futuro judicial de Andrés Calle, su caso se suma a uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años, que involucra a altos funcionarios, congresistas y exministros, y que continúa generando repercusiones en el gobierno nacional y el Congreso de la República. La opinión pública permanece atenta al desarrollo de esta historia que pone a prueba la credibilidad de las instituciones y el compromiso del país con la lucha contra la corrupción.