La Comisión Quinta del Senado de la República llevó a cabo un debate de control político sobre el polémico caso de Aguas Vivas en Medellín, un episodio que ha enfrentado al actual alcalde de la ciudad, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, y al exalcalde Daniel Quintero. Aunque se esperaba un encuentro directo entre ambos mandatarios, la cita no se concretó debido a la ausencia del alcalde Gutiérrez, quien delegó su representación en su secretario de gobierno, Sebastián Gómez.

La inasistencia de Gutiérrez fue duramente cuestionada por Daniel Quintero, quien sí asistió y participó activamente en el debate, asegurando que la ausencia del alcalde es muestra de temor. “El alcalde de Medellín no quiso venir porque son cobardes, porque le temen a la verdad. Cuando lanzaron infamias y calumnias contra mí, creyeron que me iba a esconder, pero todo lo contrario, vine de frente”, expresó Quintero.

Durante su intervención, el exmandatario insistió en la existencia de un supuesto “cartel de los lotes” que habría operado durante la administración de Gutiérrez entre 2016 y 2019. Según Quintero, este entramado fue denunciado por su equipo ante la Fiscalía, y ya habría una fiscal designada para investigar el caso. “Tenemos las pruebas, y ya existe una audiencia de imputación donde se reconoce que hay una investigación formal en curso”, afirmó.

Por su parte, Sebastián Gómez, en representación de la actual Alcaldía de Medellín, responsabilizó directamente a la administración de Quintero por las irregularidades en el caso Aguas Vivas. Señaló que fue bajo su mandato cuando se solicitó un avalúo comercial de un lote que ya era propiedad del municipio, lo que considera un hecho jurídicamente relevante y sospechoso. “No fue Federico Gutiérrez quien denunció este caso, fueron las veedurías ciudadanas las que lo hicieron en 2022”, agregó.

El debate también contó con la presencia de la ministra de Ambiente, Lena Estrada, quien aclaró que su cartera no tiene competencia en este asunto. “El Ministerio de Ambiente no puede emitir pronunciamiento porque el caso no pasó por nuestras manos. El POT de Medellín fue concertado entre el municipio y las autoridades ambientales locales. No tuvimos participación en esa decisión”, explicó.

El debate concluyó sin mayores avances, pero dejó claras las posturas enfrentadas entre los líderes políticos involucrados. Mientras Quintero sostiene que es víctima de una persecución política, desde la actual administración se insiste en que las investigaciones de la Fiscalía son el resultado de irregularidades cometidas durante su mandato. El caso Aguas Vivas continúa generando tensiones en la política antioqueña y sigue bajo la lupa de las autoridades judiciales.