Abelardo de la Espriella comenzó su Gobierno con uno de los mayores desafíos en las finanzas públicas. El nuevo presidente recibe un país con un déficit fiscal cercano al 6,4 % del Producto Interno Bruto y con la necesidad de aplicar un ajuste que podría llegar a los $70 billones durante los próximos años.

El panorama fue expuesto en un análisis de FTI Consulting sobre las perspectivas económicas de Colombia entre 2026 y 2030. El documento advierte que el nuevo Gobierno tendrá que tomar decisiones difíciles para reducir el déficit y contener el crecimiento del gasto estatal.

La situación no es menor. Los intereses de la deuda pública representan alrededor del 37 % del recaudo tributario, lo que reduce el margen que tiene el Estado para financiar nuevos programas y cumplir sus compromisos sin aumentar las presiones sobre las cuentas públicas.

El Gobierno plantea reducir el déficit

Una de las metas trazadas por la administración De la Espriella es llevar el déficit fiscal al 4,8 % del PIB durante los primeros 360 días y conseguir que baje de 3,5 % para 2030.

Para conseguirlo, el Gobierno contempla un ajuste cercano a $70 billones y una reducción aproximada del 25 % en el gasto estatal al final del periodo presidencial.

La estrategia estaría enfocada en recortar gastos considerados innecesarios, reducir la nómina paralela, vender activos improductivos y buscar mayores niveles de eficiencia dentro del Estado. Según el análisis, estas medidas podrían generar un ahorro estructural cercano al 3,1 % del PIB.

Pero el recorte del gasto no sería la única vía. La administración también pretende aumentar los ingresos mediante acciones contra la evasión tributaria y el contrabando, además de revisar algunas exenciones fiscales.

La deuda será otro de los grandes problemas

El nuevo Gobierno tendrá que manejar las cuentas públicas mientras enfrenta un alto costo de la deuda. La proporción de los ingresos tributarios que actualmente se destina al pago de intereses limita la capacidad del Estado para disponer de recursos adicionales.

Por eso, mantener la confianza de los mercados y conservar la regla fiscal serán asuntos centrales para la nueva administración.

Dentro de su agenda económica también aparece la intención de mantener la independencia del Banco de la República, mientras se buscan herramientas tecnológicas para mejorar la administración tributaria.

Entre las propuestas aparecen el uso de inteligencia artificial en la Dian, blockchain para procesos de contratación pública y una mayor apertura hacia las empresas fintech y los activos virtuales.

Petróleo y energía entran en la estrategia

La política energética también tendría un papel importante en el intento de mejorar las finanzas del país.

El Gobierno de De la Espriella pretende reactivar contratos de exploración y producción de hidrocarburos, incluyendo proyectos no convencionales y operaciones costa afuera. También contempla el redesarrollo de campos que ya fueron descubiertos.

La meta anunciada es aumentar de manera considerable la producción petrolera y recuperar la autosuficiencia energética.

Esto coincide con la decisión del nuevo presidente de colocar a Ecopetrol entre las prioridades de su administración, en busca de fortalecer nuevamente a la empresa estatal y aumentar su aporte a la economía nacional.

Infraestructura y sectores sociales

El plan económico también incluye inversiones en vías terciarias, conectividad digital rural, expansión portuaria y desarrollo de infraestructura en la altillanura.

Sin embargo, el Gobierno tendrá que encontrar un equilibrio entre estas inversiones y el ajuste fiscal que plantea para los próximos años.

En salud, la administración propone realizar auditorías forenses al sistema y revisar el gasto administrativo de las aseguradoras. En materia pensional, plantea fortalecer el papel de las administradoras privadas y proteger los fondos de los trabajadores.

El panorama que recibe Abelardo de la Espriella obliga a que sus primeros meses de Gobierno estén marcados por decisiones económicas de fondo. Reducir el déficit, controlar el gasto y conseguir nuevos ingresos serán algunas de las primeras pruebas para una administración que llega con la promesa de transformar las finanzas del Estado.

El reto será hacerlo sin frenar la inversión ni afectar la capacidad del Gobierno para responder a las necesidades sociales del país.