En un nuevo capítulo del pulso institucional por la declaratoria de emergencia económica, el candidato presidencial David Luna presentó ante la Corte Constitucional una intervención ciudadana para pedir que se declare inexequible el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno asumió facultades extraordinarias para legislar sin pasar por el Congreso.

De acuerdo con el documento radicado, Luna sostiene que el Ejecutivo hizo un uso indebido de la figura constitucional de la emergencia, al intentar justificarla con problemas fiscales que, lejos de ser imprevistos o excepcionales, son estructurales, previsibles y ampliamente conocidos por el propio Estado.

Entre los factores señalados se encuentran la rigidez del gasto público, el déficit fiscal, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud y diversas obligaciones derivadas de fallos judiciales. Para el dirigente político, ninguno de estos elementos cumple con el requisito de ser hechos extraordinarios o sobrevinientes, como lo exige la Constitución para habilitar un estado de emergencia.

“La emergencia no es un comodín para tapar la mala planeación ni un atajo para saltarse la democracia. Aquí no hubo una crisis súbita, lo que hubo fue improvisación y un claro abuso de poder”, afirmó Luna, al cuestionar la legitimidad de la medida adoptada por el Gobierno.

El candidato fue más allá al advertir que, con este decreto, el Ejecutivo estaría sustituyendo al Congreso de la República, vulnerando el principio de subsidiariedad y sentando un precedente peligroso para la institucionalidad. A su juicio, se estaría normalizando la idea de gobernar por decreto cada vez que se presenten dificultades fiscales, lo que rompe el equilibrio entre los poderes públicos.

Luna también alertó sobre los impactos directos que esta decisión podría tener en la ciudadanía, especialmente en el bolsillo de los colombianos, al abrir la puerta a reformas y medidas económicas sin el debido debate democrático.

“Si este decreto pasa, cualquier gobierno podrá gobernar sin Congreso cada vez que se quede sin plata. Eso es gravísimo para la democracia”, concluyó.

Con esta intervención, el aspirante presidencial busca que la Corte Constitucional frene lo que considera un uso desbordado de las facultades excepcionales del Ejecutivo y reabra el debate sobre los límites del poder en momentos de crisis fiscal, un tema que vuelve a encender la discusión nacional sobre la separación de poderes y la solidez del Estado de derecho en Colombia.