El candidato presidencial David Luna presentó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal para que se abra una investigación disciplinaria y se realice una verificación institucional integral a la Dirección Nacional de Inteligencia, por hechos que, según advirtió, comprometen de manera grave la legalidad, la transparencia y el control democrático del Estado.

La petición se origina en un debate de control político adelantado en 2024, en el que el entonces director de la DNI negó, bajo juramento ante el Congreso, la existencia de actividades de espionaje ilegal. No obstante, con posterioridad se conocieron informes técnicos forenses que evidenciarían una intrusión digital de alto nivel contra un alto funcionario del Gobierno Nacional, hechos que resultarían incompatibles con las declaraciones rendidas en su momento.

Luna sostuvo que esta contradicción debe ser esclarecida a fondo por los organismos de control, al considerar que una eventual falsedad bajo juramento por parte de un director de inteligencia constituye una falta de extrema gravedad. A su juicio, no se trata de un episodio aislado, sino de un asunto que pone en entredicho el funcionamiento de los sistemas de inteligencia del Estado y su sujeción a la ley.

En el documento radicado ante la Procuraduría, el dirigente político solicitó que se investiguen posibles declaraciones falsas, se evalúen los procedimientos internos de la DNI y, en caso de hallarse indicios de carácter penal, se remita la actuación a la Fiscalía General de la Nación. Luna también advirtió que la situación adquiere mayor relevancia debido a que el exdirector de la entidad estaría evadiendo actualmente a la justicia.

El candidato enfatizó que el propósito de su solicitud no es político ni personal, sino institucional. Afirmó que está en juego el respeto por la verdad ante el Congreso de la República, la legalidad de las labores de inteligencia y el derecho fundamental de los ciudadanos a no ser objeto de espionaje desde el poder.

Finalmente, Luna reiteró que el país no puede ser indiferente frente a hechos que, de confirmarse, afectarían la confianza en las instituciones y debilitarían los principios democráticos, por lo que insistió en la necesidad de una investigación exhaustiva, transparente y sin consideraciones políticas.