La Corte Suprema de Justicia ha decidido llevar a juicio al actual jefe de Despacho de la Presidencia de la República, Armando Benedetti, por su presunta implicación en el delito de tráfico de influencias. Este proceso está relacionado con el manejo irregular de contratos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

La investigación sostiene que, durante su periodo como congresista, Benedetti favoreció a la empresa Certicámara S.A., filial de la Cámara de Comercio de Bogotá especializada en firmas digitales, en la adjudicación de un contrato por 1.065 millones de pesos. Este contrato, identificado como el número 2017865, fue firmado el 1 de agosto de 2017 y se realizó bajo circunstancias cuestionables.

Benedetti enfrenta actualmente siete procesos en la Corte Suprema, de los cuales cuatro ya han avanzado a la etapa de acusación formal, mientras que los otros tres aún están en fase de indagación. La decisión de proceder con el juicio se tomó tras una coponencia del magistrado César Reyes y la ponencia inicial de la magistrada Cristina Lombana.

Si bien Benedetti tiene la posibilidad de presentar recursos ante la Corte, de que la decisión quede en firme, el caso avanzaría a la etapa de juzgamiento en la Sala Especial de Primera Instancia.

El escándalo de Fonade

El caso Fonade está marcado por una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos en esa entidad, que operó hasta su disolución. Durante el segundo semestre de 2016 y la primera mitad de 2017, congresistas como Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, utilizando su influencia, lograron que se firmaran contratos amañados. A cambio de sus favores, estos congresistas recibieron millonarias coimas.

En el contexto de estos hechos, se estableció que los contratos de interventoría para proyectos de construcción en viviendas de interés social fueron adjudicados a empresas de personas como Richard Kamal Nader Ordosgoistia y Jorge Iván Henao Ordóñez, quienes intervinieron en las obras bajo la supervisión de Fonade.