La justicia colombiana emitió una de las decisiones más contundentes en materia de lucha contra la corrupción en los últimos años tras condenar al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, del partido Centro Democrático, a una pena de 23 años de prisión por su participación en el escándalo conocido como Marionetas 2.0.

El fallo fue proferido por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que encontró al excongresista responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Además de la condena privativa de la libertad, el tribunal ordenó su inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo y le impuso una multa que supera los 22.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación judicial, Ramírez Cortés hizo parte de una estructura criminal que manipulaba la asignación de contratos públicos para beneficiar a empresas previamente seleccionadas, las cuales, a cambio, entregaban sobornos a funcionarios y políticos involucrados en el esquema. Este entramado operó principalmente durante el gobierno del expresidente Iván Duque, utilizando entidades como el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta para direccionar recursos públicos.

La Corte estableció que el exsenador no solo participó en la red, sino que tuvo un rol activo en la ejecución de al menos 13 contratos que sumaban cerca de 90.000 millones de pesos, consolidándose como una pieza clave dentro del esquema de corrupción.

El caso Marionetas, que salió a la luz en medio de las elecciones legislativas de 2022, fue inicialmente liderado por el fallecido senador Mario Castaño, quien reconoció su participación en la red antes de morir en prisión. Sin embargo, las investigaciones avanzaron y permitieron identificar a otros actores políticos y contratistas involucrados en esta estructura ilegal.

Ciro Ramírez, abogado y político nacido en Moniquirá, Boyacá, había sido elegido senador en dos periodos consecutivos desde 2018 y era considerado una de las figuras visibles del Centro Democrático en su región. Su captura se produjo en diciembre de 2023 y, aunque recuperó la libertad en 2025 mientras continuaba el proceso judicial, finalmente fue condenado en marzo de 2026 tras el análisis de pruebas, testimonios y documentos recolectados por las autoridades.

La sentencia también señala que el excongresista organizó y participó en una estructura que buscaba obtener beneficios económicos mediante la contratación irregular de obras públicas, afectando directamente los recursos del Estado y la transparencia en la ejecución de proyectos en diferentes regiones del país.

Este fallo representa un golpe significativo a la corrupción política en Colombia y envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente al manejo de los recursos del Estado. Asimismo, genera repercusiones en el escenario político, especialmente en un contexto previo a las elecciones presidenciales, donde el tema de la transparencia y la ética pública se convierte en uno de los ejes centrales del debate nacional.

Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma su papel en la lucha contra las redes de corrupción que han permeado distintas instituciones del país, mientras que el caso Marionetas se consolida como uno de los escándalos más relevantes de los últimos años en Colombia.