La reciente declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional ya empezó a generar movimientos al interior de la Corte Constitucional. Aunque el análisis formal del decreto aún no inicia, este martes los magistrados sostendrán un encuentro informal para intercambiar posiciones y medir el alcance jurídico y político de una decisión que ha despertado controversia en todo el país.

El decreto, expedido al cierre de 2025, le otorga al Ejecutivo la facultad de dictar normas con fuerza de ley durante un periodo limitado. En el texto oficial, el Gobierno argumenta que la medida es necesaria para enfrentar un desequilibrio fiscal y anuncia la expedición de nuevos tributos, tanto directos como indirectos, dirigidos principalmente a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad económica, así como impuestos asociados a impactos ambientales y de salud pública.

Desde que se conoció el contenido del decreto, varios analistas y constitucionalistas advirtieron que la emergencia podría no cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución, especialmente en lo relacionado con la imprevisibilidad y la gravedad de los hechos que la sustentan. A pesar de esos cuestionamientos, el Ejecutivo avanzó con la declaratoria, lo que elevó la tensión institucional.

El propio presidente Gustavo Petro se pronunció tras la firma del decreto y lanzó una advertencia directa: si la Corte Constitucional decide tumbar la medida, el país enfrentaría un escenario de alta conflictividad social. Sus palabras intensificaron el debate y pusieron mayor presión sobre el alto tribunal.

El encuentro informal de los magistrados responde, en parte, a la preocupación por los tiempos. Si la Corte espera a retomar actividades tras la vacancia judicial, una parte sustancial del periodo de vigencia del decreto ya se habría agotado, permitiendo que se expidan normas con efectos económicos difíciles de revertir, incluso si posteriormente se declara su inconstitucionalidad.

Aunque en la reunión no se adoptarán decisiones formales, el objetivo es tantear el ambiente interno, conocer las posturas preliminares y evaluar si el caso amerita un tratamiento urgente. En este escenario también se observará con atención el comportamiento de los magistrados considerados independientes, en un contexto en el que el Gobierno cuenta con apoyos dentro del tribunal.

Por ahora, la Corte no ha revelado cuándo podría iniciar el estudio oficial del decreto, pero el encuentro de este martes marca el primer paso de un debate que será clave para el rumbo económico, jurídico y político del país en los próximos meses.