El aumento del salario mínimo para 2026 entró en una etapa de incertidumbre jurídica luego de que el Consejo de Estado decretara la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno nacional había fijado el incremento salarial para este año. La decisión, adoptada por la Sección Segunda del alto tribunal, abre un nuevo capítulo en el debate económico y laboral del país, al exigir que el Ejecutivo expida una nueva norma con sustento técnico más sólido.

La medida cautelar recae sobre el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se había establecido el salario mínimo en 1.750.905 pesos, cifra que representaba un aumento del 23 % frente al año anterior. Aunque la suspensión no constituye un fallo definitivo, sí detiene los efectos del incremento mientras se estudian a fondo las demandas presentadas contra la decisión gubernamental.

El tribunal explicó que la decisión surge tras acumularse 17 acciones judiciales que cuestionaban la legalidad del decreto, especialmente por la manera en que se justificaron los criterios económicos utilizados para fijar el aumento. Según el auto judicial, el nuevo acto administrativo deberá incluir un análisis detallado sobre variables como la inflación, la productividad total de los factores, el crecimiento económico y el índice de precios al consumidor proyectado.

El magistrado ponente estableció además que el Gobierno contará con un plazo cercano a ocho días para expedir un nuevo decreto que cumpla con los parámetros legales exigidos. Mientras se surte este proceso y hasta que se publique la nueva decisión, el incremento vigente continuará aplicándose temporalmente, evitando así afectaciones inmediatas a trabajadores y empresas.

La corporación judicial aclaró que la suspensión no tendrá efectos retroactivos sobre pagos ya realizados o contratos que se hayan ajustado al salario mínimo decretado inicialmente. Esto significa que obligaciones económicas previamente causadas no deberán modificarse ni reintegrarse, lo que busca preservar la estabilidad jurídica y financiera durante el proceso.

Desde el punto de vista jurídico, el Consejo de Estado reiteró que cuando el Ejecutivo fija el salario mínimo de manera unilateral tras fracasar la concertación entre trabajadores y empresarios, debe sustentar la decisión con una motivación técnica rigurosa. La ausencia de ese análisis detallado podría vulnerar la normativa vigente y los principios de protección al trabajo establecidos en la Constitución.

El debate sobre el aumento salarial para 2026 ahora dependerá del nuevo decreto que expida el Gobierno y de la decisión final que adopte el alto tribunal, un proceso que podría tardar varios meses o incluso más de un año. Mientras tanto, el país permanece atento a cómo evolucionará esta controversia que impacta directamente a millones de trabajadores, al sector empresarial y a la dinámica económica nacional.