Una nueva controversia sacude el escenario político nacional tras la difusión de una carta firmada por 31 senadores, en su mayoría de sectores de izquierda, en la que solicitan garantías judiciales para once jóvenes capturados recientemente en Bogotá y señalados por las autoridades de integrar una estructura dedicada a la violencia urbana.

El documento, suscrito entre otros por el senador Iván Cepeda, fue dirigido a distintas instancias del Estado y expresa preocupación por lo que los congresistas califican como una posible criminalización de la juventud. En la misiva, fechada el 1 de diciembre, se hace un llamado a respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en libertad de los capturados, quienes enfrentan cargos por terrorismo, vandalismo sistemático e incendios contra infraestructura pública y privada.

Los once jóvenes fueron presentados públicamente el pasado 12 de diciembre por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá. Según las investigaciones, harían parte de un grupo autodenominado ‘PPP’, al que se le atribuyen múltiples hechos violentos ocurridos principalmente en los alrededores de la Universidad Nacional, durante jornadas de disturbios protagonizadas por encapuchados.

En su comunicación, la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en el marco de la protesta social del Congreso cuestiona el uso de agentes encubiertos y advierte sobre lo que denomina una “inflación punitiva”. A juicio de los firmantes, la imputación presentada por la Fiscalía distorsionaría los hechos y desconocería directrices internas del ente acusador. Además, sostienen que los jóvenes han participado en expresiones de protesta social y que habrían sido objeto de hostigamientos y señalamientos previos.

Desde la otra orilla, las autoridades han defendido la legalidad y el alcance de los operativos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que las capturas son el resultado de más de un año de investigación y se realizaron mediante órdenes judiciales. Según explicó, los detenidos serían responsables de al menos 28 actos vandálicos registrados en diferentes puntos de la capital.

En la misma línea, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que los capturados no eran estudiantes activos de universidades públicas y que su objetivo principal era generar caos y destrucción en la ciudad, mediante acciones coordinadas de violencia.

La carta de los senadores, lejos de cerrar el capítulo, avivó el debate sobre los límites entre la protesta social y los delitos asociados a la violencia urbana, así como sobre el uso de herramientas investigativas por parte del Estado. Mientras avanza el proceso judicial, el caso se convierte en un nuevo punto de fricción entre sectores políticos, autoridades locales y organismos de control, en un contexto marcado por la sensibilidad social frente a la seguridad, los derechos humanos y la participación juvenil.