La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, por su responsabilidad en 29 hechos criminales cometidos durante varios años en el departamento del Tolima.
Los condenados fueron identificados como José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo, conocido con el alias de Moisés. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estas personas participaron como cabecillas de estructuras armadas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros dentro del grupo paramilitar.
La Fiscalía demostró que los exparamilitares estuvieron involucrados en delitos como homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados, acciones que afectaron principalmente a población civil señalada de no obedecer las órdenes del grupo armado o de colaborar con otras organizaciones ilegales que tenían presencia en la región.
Entre los hechos documentados se encuentra el caso ocurrido el 8 de abril de 2002 en San Luis, Tolima, donde una mujer y su sobrino menor de edad fueron interceptados por hombres armados, maniatados y trasladados a una finca conocida como La Carolina. Según la Fiscalía, el niño fue separado del grupo y llevado a un lugar desconocido, sin que hasta la fecha se conozca su paradero, mientras que la mujer fue asesinada y desmembrada.
La investigación también documentó hechos ocurridos contra habitantes del municipio de Rovira, donde pobladores fueron retenidos, intimidados y obligados a abandonar sus fincas, viviendas y territorios bajo amenazas de integrantes del Bloque Tolima.
El tribunal impuso penas que van desde 240 meses, equivalentes a 20 años de prisión, hasta 480 meses, es decir, 40 años de cárcel. Además, los condenados deberán pagar multas que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Sobre los cuatro condenados aplica la pena alternativa establecida bajo los parámetros de la Ley de Justicia y Paz, mecanismo creado para juzgar a exintegrantes de grupos armados ilegales desmovilizados, siempre que cumplan con obligaciones de verdad, reparación y no repetición.
Con esta decisión judicial, las autoridades buscan avanzar en el reconocimiento de las víctimas y en la reconstrucción de la verdad sobre los crímenes cometidos por estructuras paramilitares en el Tolima, una región que durante años sufrió homicidios, desapariciones, amenazas y desplazamientos derivados del conflicto armado.
La condena representa un nuevo paso en los procesos de justicia transicional y en la obligación del Estado de esclarecer los crímenes cometidos por las antiguas AUC, así como de garantizar memoria, reparación y dignidad para las comunidades afectadas.
