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Concejo de Bogotá alerta sobre presuntas irregularidades en contratación de Alcaldías Locales

Durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, se denunció la posible existencia de irregularidades en la contratación de algunas Alcaldías Locales, donde ciertos prestadores de servicios estarían monopolizando convenios con el Estado.

El concejal Andrés Barrios advirtió sobre lo que calificó como una “feria de contratación”, en la que se estarían adjudicando contratos de manera desproporcionada a un reducido grupo de organizaciones. Estas entidades, según la denuncia, estarían ejecutando proyectos en múltiples áreas sin un control adecuado.

Secretaría de Gobierno responde a las denuncias

Ante la polémica, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, reconoció que han identificado prácticas contractuales cuestionables en la administración local.

“El problema es que se generan convenios de manera excesiva, donde una misma organización asume contratos en diversos temas sin una supervisión adecuada”, señaló Quintero en una entrevista radial.

Para mitigar esta situación, la Alcaldía de Bogotá ha implementado medidas de control, entre ellas:

  • Regulación de la contratación de personas naturales en los Fondos de Desarrollo Local. Quintero explicó que algunas entidades sin ánimo de lucro han operado durante años en el mismo esquema, abarcando desde proyectos ambientales hasta iniciativas de género y niñez, lo que ha generado preocupación.
  • Reducción de convenios innecesarios. Según el secretario, se ha identificado un uso excesivo de convenios en las Alcaldías Locales, situación que calificó como “convenionitis”.

Como parte de la estrategia para frenar estas prácticas, la administración distrital ha trabajado en conjunto con la Secretaría General y la Secretaría Judicial, logrando reducir en un 41% los convenios irregulares en el último año.

El Concejo de Bogotá continuará con el seguimiento a estas denuncias, mientras que la Alcaldía se compromete a reforzar los mecanismos de vigilancia para garantizar transparencia en la contratación pública.