El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, protagonizó una fuerte declaración pública al afirmar que el excongresista Armando Benedetti terminará respondiendo ante la justicia y, según sus palabras, podría acabar en prisión. Las afirmaciones se dieron en medio de una entrevista en la que Carrillo abordó las tensiones internas que, asegura, ha enfrentado durante su gestión y los señalamientos que rodean al Fondo de Adaptación.

Carrillo manifestó su sorpresa frente a los mensajes difundidos en su contra por Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, los cuales, según explicó, fueron emitidos a través de canales institucionales sin cumplir los procedimientos establecidos. Indicó que se enteró de esos señalamientos mientras se desplazaba a Popayán por la emergencia del volcán Puracé y sostuvo que el uso de dichos canales para ese tipo de comunicaciones no era adecuado.

Tras el nombramiento de Rodríguez como gerente encargada del Fondo de Adaptación, Carrillo aseguró que se puso a disposición para realizar un empalme ordenado y garantizar la continuidad de los proyectos en curso. Sin embargo, advirtió que la confrontación pública entre funcionarios afecta directamente la ejecución de las iniciativas y termina perjudicando al país, pues distrae la atención de las verdaderas prioridades, que son la protección de la población y la gestión del riesgo.

El funcionario también se refirió a los cuestionamientos sobre su papel frente a investigaciones judiciales y negó estar participando en debates político-electorales. Aclaró que su actuación se ha limitado a solicitar avances y resultados en procesos que ya están en manos de la justicia. En ese contexto, mencionó que existen personas con cargos de elección popular vinculadas a investigaciones y afirmó que no se retractará de sus declaraciones porque, según dijo, no está acusando a nadie, sino remitiéndose a expedientes de la Fiscalía.

Carrillo aseguró que durante su paso por el Fondo de Adaptación identificó decisiones administrativas que, a su juicio, respondían a órdenes directas de Armando Benedetti, especialmente en materia de nombramientos. Según explicó, estos hechos evidenciarían acuerdos de carácter político y no criterios técnicos, lo que consideró contrario a una gestión pública transparente. Añadió que no teme dejar su cargo y que su permanencia está supeditada a la decisión del presidente, reiterando que no tiene apego al poder.

En relación con Benedetti, Carrillo fue enfático al señalarlo como un representante de la política tradicional y afirmó que los múltiples procesos judiciales que enfrenta podrían derivar en una condena. Aseguró que su postura no responde a una confrontación personal, sino a lo que, según él, reflejan los documentos y las investigaciones en curso.

Sobre las acusaciones de supuestas coimas dentro de la UNGRD, Carrillo reconoció la existencia de prácticas irregulares y habló de un entramado de corrupción que ha sido denunciado ante las autoridades competentes. Explicó que se han adoptado medidas para enfrentar esta situación, como la implementación de herramientas de seguimiento a los pagos y la publicación de contratos en el SECOP, con el fin de fortalecer la transparencia.

El director señaló que las extorsiones se apoyan en información interna relacionada con cronogramas de pago y retrasos administrativos, por lo que consideró clave avanzar en la modernización tecnológica y en un sistema de gestión documental más eficiente. También aclaró que no es posible desvincular de manera masiva al personal debido a la existencia de sindicatos y funcionarios de carrera, y que cualquier reforma estructural debe ser definida por el jefe de Estado.

Finalmente, Carrillo afirmó que ha colaborado de manera permanente con la justicia y que continuará denunciando cualquier irregularidad que detecte. Aseguró que los ataques en su contra buscan afectar su buen nombre, pero reiteró que seguirá en el proyecto mientras pueda aportar resultados y que, si debe dejar el cargo, lo hará con tranquilidad y la convicción de haber actuado conforme a la ley.