El ministro del Interior, Armando Benedetti, y seis representantes a la Cámara se encontraron este lunes en la Corte Suprema de Justicia en el marco de una audiencia de conciliación derivada de una denuncia por injuria y calumnia interpuesta por el jefe de la cartera Política. Sin embargo, la diligencia terminó sin acuerdo, pues las congresistas citadas reiteraron que no habrá conciliación.

Las parlamentarias Lina María Garrido, Katherine Miranda, Jennifer Pedraza, Julia Miranda, Catherine Juvinao, Marelén Castillo y Carolina Giraldo fueron denunciadas por Benedetti tras los hechos ocurridos durante la instalación de la última legislatura, cuando expresaron públicamente su rechazo a su nombramiento como ministro del Interior. La confrontación más fuerte se dio con Lina Garrido, en un episodio en el Salón Elíptico que desembocó en la acción judicial.

“Yo tengo derecho a acceder a la justicia cuando siento que me han calumniado”, declaró Benedetti a su salida de la diligencia en la Corte. No obstante, las congresistas defendieron su postura asegurando que lo manifestado se enmarca en el ejercicio legítimo de su función de control político y en el derecho a la libre expresión que ampara su labor en el Congreso.

“Hoy realmente hay muchos problemas en el país como para que el señor Armando Benedetti esté perdiendo tiempo trayéndonos aquí y generando mayor congestión en las Cortes”, afirmó la representante Lina María Garrido. Por su parte, Marelén Castillo señaló que “no nos retractamos porque estamos trabajando con algo que es clarísimo: la libertad de expresión. La Corte Constitucional ha sido clara en que los congresistas podemos ejercer control y expresar nuestras opiniones sin limitaciones”.

El abogado defensor de las congresistas, Francisco Bernate, anunció que solicitará el archivo del proceso argumentando que las declaraciones de sus clientas estuvieron cobijadas por su rol congresional.

La denuncia interpuesta por Benedetti se originó en una carta enviada por las congresistas al presidente Gustavo Petro en febrero pasado, en la que expresaron su rechazo a su designación en el Ministerio del Interior. En el documento, las parlamentarias consideraron “inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias basadas en género fuera el interlocutor de las congresistas que han liderado la lucha contra la violencia machista”.

El caso ahora quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si archiva las diligencias o avanza en un proceso que enfrenta directamente al ministro con un grupo de congresistas en un escenario donde se cruzan el derecho a la honra y la libertad de expresión parlamentaria.