El diputado del Atlántico, Alfredo Varela, lanzó un fuerte llamado de atención sobre la situación actual del departamento, señalando un deterioro evidente en indicadores clave como competitividad, seguridad y acceso a servicios básicos, lo que —según afirmó— está afectando directamente la calidad de vida de sus habitantes.

Durante su intervención, Varela destacó que el Atlántico, pese a contar con condiciones para posicionarse como uno de los mejores territorios del país, ha venido perdiendo terreno. Recordó que en 2023 el departamento alcanzaba un puntaje de 6,39 en el Índice de Competitividad, ubicándose entre los primeros lugares a nivel nacional. Sin embargo, en la más reciente medición realizada en octubre de 2025, el Atlántico descendió al sexto puesto, cayendo tres posiciones frente a años anteriores.

El diputado expresó que esta situación refleja problemas estructurales que requieren atención urgente por parte de la administración departamental. “Estamos aquí para visibilizar lo que está padeciendo la familia atlanticense, una realidad que no se puede seguir ocultando”, afirmó.

Uno de los puntos más críticos señalados por Varela fue el incremento de la inseguridad. En apenas cuatro días, tres mujeres fueron asesinadas en hechos sicariales ocurridos en los municipios de Polonuevo, Sabanagrande y Baranoa. Las víctimas tenían 37, 55 y 56 años respectivamente, lo que, según el diputado, evidencia un preocupante deterioro en las condiciones de seguridad en el territorio.

A esto se suma un caso reciente ocurrido en las playas de Salgar, uno de los destinos turísticos más visitados del departamento, donde más de diez personas resultaron intoxicadas. Varela sostuvo que la responsabilidad no debe recaer en los vendedores informales, sino en la Gobernación del Atlántico, entidad encargada de la administración de ese sector turístico.

La crisis de servicios públicos también fue motivo de preocupación. El diputado denunció que el municipio de Candelaria completó dos meses sin suministro de agua potable, situación que llevó a sus habitantes a bloquear vías en señal de protesta. Según indicó, problemáticas similares se han evidenciado en municipios como Usiacurí, Puerto Colombia y Manatí, lo que demuestra fallas generalizadas en la gestión de servicios esenciales.

En materia de seguridad, las cifras expuestas por Varela resultan alarmantes. Mientras en 2024 se registraron 196 homicidios al corte de abril, en 2025 la cifra aumentó a 211, y en lo que va de 2026 ya se contabilizan 314 casos, lo que representa un incremento cercano al 50%. Para el diputado, este panorama evidencia la falta de estrategias efectivas para contener la violencia.

El caso del municipio de Baranoa fue calificado como “terrorífico”, al registrar una tasa de 20 muertes no naturales por cada 100.000 habitantes. Varela atribuyó esta situación a la falta de presencia institucional y al debilitamiento del apoyo a la fuerza pública, particularmente a la Policía del Atlántico.

El diputado también cuestionó la gestión de los recursos destinados a la seguridad, señalando que al inicio del actual gobierno se entregaron más de 300.000 millones de pesos provenientes de la tasa de seguridad, sin que hasta el momento se evidencien resultados contundentes.

Asimismo, denunció el abandono y retraso en múltiples obras de infraestructura en el departamento, muchas de ellas inconclusas y con costos que aumentan debido a las demoras en su ejecución, lo que agrava aún más la situación financiera y social del Atlántico.

A pesar de las críticas, Varela manifestó que su intención no es obstaculizar la gestión del gobierno departamental, sino contribuir a que se tomen decisiones que permitan mejorar las condiciones del territorio. En ese sentido, enfatizó que el éxito del gobernador se traducirá en bienestar para todos los habitantes, siempre que se garantice el acceso continuo al agua potable, se finalicen las obras pendientes y se implementen acciones eficaces en materia de seguridad.

Finalmente, el diputado insistió en que la realidad del Atlántico no puede ser ignorada y que es necesario actuar con urgencia. “Las familias necesitan soluciones, necesitan oportunidades y condiciones que les permitan vivir con tranquilidad. Hoy más que nunca requieren atención y respuestas concretas por parte de las autoridades”, concluyó.